Una corporación agropecuaria con sede en Chocó certificó ante el Indersantander su supuesta experiencia para ejecutar el convenio 341 del 2022, que terminó en escándalo por presuntos sobrecostos en la compra de raquetas e implementos deportivos.
Publicado por: Unidad Investigativa
Con certificaciones presuntamente adulteradas, o al menos inexistentes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, y en los archivos físicos de las alcaldías que aparecen validando su experiencia en el sector del deporte y la recreación, la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, logró la adjudicación de un millonario contrato con el Indersantander para el suministro de implementos a deportistas de alto rendimiento del departamento, que terminó en escándalo por sus presuntos sobrecostos, como raquetas de tenis cuyo valor unitario superó los $3.8 millones y pelotas de tenis, cada una a $280 mil.
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Para poder ganar el proceso, en el cual terminó como único oferente, Sotea presentó dos certificaciones de igual número de contratos en los que supuestamente realizó actividades similares a las exigidas por el Indersantander en el pliego de condiciones y así demostrar su experiencia en el sector deportivo.
En las certificaciones anexadas por Sotea para su propuesta, se señala que los dos contratos ejecutados fueron el 004 del 2016, en Piendamó, Cauca, y el Convenio 011 del 2015, en Mutatá, Antioquia. Sin embargo, en la revisión hecha por Vanguardia dichos contratos no aparecen registrados en ninguna de las dos plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, ni en las bases del Sistema Integral de Auditoría de la Contraloría General de la República.
El único sitio en el que aparecen los contratos es el Registro Único de Oferentes, no obstante, al momento de revisar dichos convenios, tampoco tienen afinidad con el objeto a ejecutar en el proceso con el Indersantander.
En el primer caso, se trata de actividades lúdico-pedagógicas para la prevención de situaciones problemáticas de infancia y adolescencia; y en el segundo caso, se trata de actividades formativas y recreativas para la salud mental y hábitos saludables.
“Como podrá observarse, estos objetos no hacen referencia a actividades relacionadas con escuelas de especialización deportiva, que es el objeto del convenio suscrito con el Indersantander en 2022. Por lo anterior, de las certificaciones allegadas por la Corporación Sotea, no se deduce que tenga la idoneidad necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio, ni como cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo con lo estipulado por el decreto 092 de 2017”, explicó a esta Redacción Marcela Pabón, experta en contratación pública y vocera del Comité de Transparencia por Santander.
¿Certificaciones falsas?
Ante las irregularidades en la existencia de dichas certificaciones, Vanguardia profundizó en el tema y pudo comprobar que ninguno de los dos contratos que Sotea afirmó haber ejecutado en los municipios de Piendamó (Cauca) y Mutatá (Antioquia), aparecen en esas alcaldías.
Así lo informó la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos de la Alcaldía de Mutatá, Antioquia, al señalar que el convenio 011 de 2015, el cual registró Sotea como experiencia, no existe en el archivo del ente territorial.
“En los documentos que se custodian en el archivo central del municipio de Mutatá, Antioquia, no reposa ningún documento que haga referencia al convenio interinstitucional 011 de 2015, cuyo objeto es “apoyo a la gestión de tipo logístico y operativo para la realización de actividades lúdico-pedagógicas para la prevención del acoso escolar, ciberacoso, consumo de sustancias psicoactivas y embarazo en adolescentes en las instituciones educativas oficiales del municipio de Mutatá”, respondió la alcaldía del municipio antioqueño a un derecho de petición.
Por otro lado, la Secretaría General del municipio de Piendamó, Cauca, le confirmó a esta redacción que en sus archivos tampoco reposa el convenio 004 de 2016, el cual fue presentado por Sotea para acreditar la experiencia que exigía el Indersantander.
“Me permito informar que revisado el acervo documental que reposa en el archivo de la Alcaldía Municipal de Piendamó, Cauca, no se encontró el convenio interinstitucional 004 del 2016, el cual tenía como objeto: “diseñar y ejecutar programas de actividades formativas y recreativas, para la promoción de la salud mental, hábitos y estilos de vida, dirigida a niños y niñas entre los 6 y 11 años y adolescentes, entre los 12 y 17 años, para la generación de actitudes, prácticas y hábitos saludables, que permitan reconstruir el sentimiento de valor y autoestima, dotándole de actividades sociales que les permitan tener relaciones interpersonales, mejorar el clima familiar y social”, certificó la administración municipal de Piendamó.
Para el Comité de Transparencia por Santander la inexistencia de los contratos acreditados por Sotea ante el Indersantander podrían configurar la posible ocurrencia de delitos penales en contra de la administración pública.
“Es sumamente preocupante que los contratos con los cuales se acredita experiencia por parte de Sotea no se encuentren en el archivo de las entidades con las cuales, supuestamente, fueron suscritos, lo cual podría indicar la comisión de delitos muy serios como falsedad en documento. También se debe recordar que dentro del proceso de selección surtido por Indersantander en este caso, el requisito de experiencia, fue una copia exacta de la experiencia que fue aportada posteriormente por la corporación Sotea, es decir, se trató de pliegos a la medida y si además de esta grave irregularidad, se suma ahora, la ausencia de los contratos originales, implicaría que Sotea no cuenta con la experiencia y la idoneidad requerida por la ley para ejecutar esta clase de convenios”, agregó Marcela Pabón.
Expertos en derecho penal consultados por Vanguardia explicaron que de comprobarse que las certificaciones fueron falsas o adulteradas, Sotea podría incurrir en por lo menos dos delitos: falsedad en documento y fraude procesal.
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¿Responsabilidad del Inder?
El informe de evaluación del Indersanter, publicado el 2 de mayo del 2022, terminó habilitando a la Corporación Sotea, único oferente, como proponente idóneo para la ejecución del convenio 341.
El comité evaluador concluyó que la entidad sin ánimo de lucro cumplía con todos los requisitos financieros, jurídicos y técnicos, incluyendo el ítem de acreditación de experiencia en el sector.
Según el informe, para la certificación de la experiencia, el oferente debía aportar contrato o convenio acompañado de su respectiva acta determinación o liquidación en la que se detallara información sobre la ejecución del contrato, o una certificación emitida por la Entidad contratante.
En los documentos de presentación de la oferta en el proceso contractual, Sotea efectivamente radicó la copia de lo que sería la certificación de los convenios interadministrativos 011 de 2015 con la Alcaldía de Mutatá, por valor de $355 millones, y el 004 del 2016 con la Alcaldía de Piendamó, por $235 millones, pero tales documentos no aparecen ni en el Secop ni en el archivo de las entidades territoriales en cuestión.
El informe además señala que el proceso no contó con observaciones por parte de otros oferentes, veedurías o entes de control, razón por la cual procedió a recomendar la suscripción del millonario convenio con la Corporación Sotea, único oferente y que, según su criterio, cumplía con todos los requisitos habilitantes y de ley.
El comité evaluador que terminó viabilizando a Sotea fue integrado por la abogada Jennifer Paola Blanco Ortega, quien era la encargada de revisar los requisitos jurídicos; el ingeniero Edward Vargas Quintero, designado de la verificación de los criterios financieros y Ramiro Andrés Pabón Martínez, quien tuvo que verificar los requisitos técnicos por parte del oferente.
Aunque expertos en contratación consultados consideran que los integrantes del comité evaluador incumplieron con sus funciones al no verificar la veracidad de la información suministrada por la Corporación Sotea, otros concluyen que la responsabilidad no recae en el comité, toda vez que los procesos de contratación se desarrollan bajo el principio de la buena fe.
“El tema es que una vez conocido el hecho irregular ellos están en la obligación de denunciar. Ahora, si durante el proceso alguien advirtió esta situación y la entidad hizo caso omiso pues ahí podría derivarse algo. Al menos avisar a la Fiscalía”, explicó uno de los especialistas consultados.
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Contrato liquidado
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El registro del Secop señala que el pasado 10 de octubre del 2022, se liquidó el controvertido convenio 341 entre el Indersantander y la Corporación Sotea, tras cuatro meses de ejecución.
Todo el contrato fue avalado por el entonces coordinador de Alto Rendimiento del Indersantander, Raúl Enrique Gutiérrez Torres, quien fungió como supervisor del convenio 341 del 2022.
Aunque en el expediente del proceso contractual se afirma que las actas de pago están validadas por el supervisor del contrato a través de sus informes de supervisión en el Secop no está cargado dicho reporte.
En diciembre pasado Raúl Gutiérrez fue retirado de su cargo como coordinador de Alto Rendimiento por orden de la Contraloría General de Santander, mientras se adelanta una investigación fiscal en su contra como presunto responsable por los sobrecostos en el convenio 341 de 2022 entre el Indersantander y la Corporación Sotea.
A pesar de la suspensión en su contra, Gutiérrez fue grabado esta semana recorriendo la sede del Indersantander y al parecer dando órdenes.
Al ser cuestionado por un ciudadano, por su presencia en la entidad, el exdirector de Alto Rendimiento agredió a la persona que lo grababa mientras continuaba su recorrido por las instalaciones del Instituto.
“Un mes después de su suspensión por hechos de corrupción quedó confirmado con este video que los señores Raúl Enrique Gutiérrez y Pedro Belén Carrillo siguen mandando al interior del Indersantander. Siguen yendo a las instalaciones del Instituto para presionar a los funcionarios de la entidad mientras ellos siguen siendo investigados y las autoridades continúan desvirtuando su presunción de inocencia”, expresó Rafael Luna, veedor ciudadano agredido.
Gutiérrez Torres ya había sido imputado por la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios número 400, que tuvo un valor de $2.791 millones, con el que se financió la participación de la delegación santandereana en los Juegos Nacionales en el año 2015, contrato en el cual Gutiérrez Torres también había fungido como supervisor.
La ‘sombra’ de Carrillo
El pasado 14 de diciembre, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, suspendió a Pedro Belén Carrillo de su cargo como director del Indersantander, acatando la orden emitida previamente por la Contraloría General de Santander, que había solicitado la salida del exfuncionario mientras adelantaba la respectiva investigación fiscal en su contra por las presuntas irregularidades en el contrato 341 del 2022.
Aunque la orden del ente de control había sido emitida desde el 5 de diciembre del 2022, la salida de Carrillo se dilató por cerca de 10 días más. Según una fuente que hace parte de la administración departamental, el exdirector del Inder llegó como cuota directa de Genny Sarmiento, gestora social de Santander y esposa del gobernador Aguilar.
Un mes después de la salida de Pedro Belén Carrillo la dirección del instituto descentralizado aún se encuentra sin definirse. Según la oficina de comunicaciones del Indersantander, mientras el Gobernador nombra director en propiedad, la secretaria de Cultura departamental, Mery Luz Hernández, está encargada de la entidad.
Vanguardia intentó en múltiples ocasiones comunicarse con la Secretaria de Cultura, pero no hubo respuesta de la funcionaria.
Fuentes al interior del Indersantander le confirmaron a esta redacción que a pesar de la suspensión que pesa sobre Carrillo, éste continúa manejando temas y dando instrucciones en el instituto departamental de deporte.
“Todos acá saben que él (Pedro Carrillo), continúa mandando acá. Incluso algunas veces ha venido hasta la oficina de la Dirección y sigue mandando como si nada”, contó un funcionario que pidió no ser identificado.
Al cierre de esta edición, el exdirector Carrillo no había dado respuesta a las denuncias.
Respuesta en espera
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Vanguardia se comunicó con Lewis Mosquera, gerente de la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, para conocer las razones por las cuales las certificaciones presentadas en la licitación no aparecen ni en el Secop ni en el archivo de las entidades con las que supuestamente había contratado.
Aunque en una primera llamada el señor Mosquera pidió que se le volviera a marcar al día siguiente, ya que se encontraba viajando por carretera y no tenía acceso al archivo de su empresa, posteriormente no volvió a contestar las llamadas telefónicas ni los mensajes.
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El pasado 26 de mayo, Pedro Carrillo, entonces director del Indersantander, firmó con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, el contrato 341, por valor de $499 millones, para el “desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva talento y reserva, dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al Plan Departamental de Desarrollo”.
Vanguardia revisó los precios de estos implementos deportivos en el mercado local y en internet encontrando que, por ejemplo, la raqueta de la marca y referencia con la que juega torneos oficiales el astro del tenis mundial Rafael Nadal, tiene un costo de 260 euros, es decir, cerca de un millón 300 mil pesos, tres veces menos de lo que pagó el Indersantander por las raquetas para el programa de formación en cuestión, que según conocedores consultados, no son de la gama élite utilizadas por tenistas profesionales.
Por otro lado, las pelotas oficiales del Campeonato de Wimbledon, uno de los torneos más importante del tenis mundial, tienen un valor en el mercado de 12 euros, en promedio, unos $60 mil pesos, cuatro veces menos de lo que pagó el Instituto de Deportes de Santander en el contrato con la corporación chocoana Sotea.
