El comité evaluador de la Secretaría de Infraestructura departamental concluyó que los dos oferentes interesados en ejecutar el millonario para la construcción de una infraestructura turística y náutica en el embalse Topocoro, no están habilitados.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
El informe preliminar del comité evaluador de la Secretaría de Infraestructura de Santander concluyó que ninguno de los dos oferentes: Consorcio Pronautica (de Cartagena) y Consorcio Vial PGE 3 (de Bucaramanga), que son los únicos que se presentaron en el controvertido proceso licitatorio IT-LP-23-07, cumplen a cabalidad con todos los requisitos habilitantes del pliego de condiciones para adjudicarse el millonario contrato.
Según el informe, ninguno de los consorcios cumple con los requisitos jurídicos. Además, el consorcio Pronautica, representado por Verónica Bolle, tampoco logró aprobar con la experiencia mínima ni la capacidad residual, exigida en el proceso.
Por su parte, el Consorcio Vial PGE 3, representado por Luis Eduardo Ordóñez, (padre del excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Luis Roberto Ordóñez), no logró cumplir ni con la capacidad residual ni con los requisitos financieros y organizacionales previstos en el pliego de condiciones del proceso IT-LP-23-07.
“Los dos proponentes presentados en el presente proceso de selección de la referencia no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes y en consecuencia no se encuentran habilitados”, concluye el informe preliminar.
Ambos consorcios tienen hasta el próximo jueves 18 de enero para tratar de subsanar los requisitos exigidos por la Gobernación en el proceso licitatorio.
Sin embargo, para el veedor ciudadano Rodrigo Fernández, quien ha estado al corriente de la controvertida licitación IT-LP-23-07, tras conocerse la evaluación preliminar todo pareciera indicar que el proceso se declararía desierto.
“Las malas herencias. La licitación de Topocoro por $82.000 millones anunciada en abril, activa hasta el 15 de mayo y resucitada al día siguiente de la Navidad, el 26 de diciembre, fue una jugadita indecorosa de Mauricio Aguilar que, en principio, cumplió su objetivo, pues obviamente solo dos se percataron de la apertura de la licitación. No obstante, y aunque creo que el proceso estaba viciado al atentar contra la libre concurrencia, el informe de evaluación preliminar puede ser preludio de declaratoria de desierta”, señaló Rodrigo Fernández.
Controvertidos proponentes
Aunque el proceso había sido anunciado desde mayo del 2023, es decir, estuvo ‘dormido’ por ocho meses, hasta que a finales de diciembre, a solo cinco días de terminar su periodo, la administración de Mauricio Aguilar dio apertura a la licitación IT-LP-23-07 para la construcción de una infraestructura turística y náutica en el embalse Topocoro, un contrato por valor inicial de $82.829 millones.
Diez días después de dicha convocatoria ‘exprés’, al cierre del proceso solo se presentaron dos oferentes: Consorcio Pronautica (de Cartagena) y Consorcio Vial PGE 3 (de Bucaramanga), como los únicos interesados en ejecutar el millonario contrato.
Pero las suspicacias en torno a la licitación IT-LP-23-07 no solo se remiten a la convocatoria a última hora del gobierno, que habría limitado la participación de oferentes y habría dejado ‘maniatado’ al gobierno de Juvenal Díaz.
La controversia ahora está en torno a las empresas que conforman los dos consorcios que se presentaron como únicos oferentes para ejecutar el millonario contrato en Topocoro. Veedores han identificado amigos cercanos al exgobernador Mauricio Aguilar y al excontralor de Santander, Fredy Anaya, y hasta empresas en proceso de reorganización o recién creadas, como parte de los proponentes participantes.
El Consorcio Vial PGE 3 está integrado por Pavigas, con el 70 %, Comanco SAS, con el 10 %, y las firmas cartageneras EDC Proyectos y Geoestructural e Ingeniería SAS, también con el 10 % de la participación accionaria en la unión empresarial para este proceso licitatorio.
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Pavigas, compañía del empresario y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga en las pasadas elecciones regionales, Luis Roberto Ordóñez, ha estado envuelta en polémicas por proyectos de infraestructura en la región, como la construcción del Intercambiador de Neomundo, proyecto que inició costando $ 37.479 millones y terminó costando $20 mil millones más, es decir, $ 57.573 millones.
Además, Pavigas hizo parte del Consorcio Bucaramanga, que junto a la firma Petrolabin, propiedad de Miller Castaño, resultó beneficiada en 2014, en la administración de Luis Fernando Bohórquez, con el contrato de construcción del Intercambiador Mesón de Los Búcaros, obra que inició valiendo $ 54.909 millones y terminó con un precio final de $ 89.488 millones, $34.579 millones de más.
Curiosamente, el Consorcio Bucaramanga fue representado legalmente por Leonard Mauricio Higuera Becerra, quien con el 41 % tiene el control accionario de la firma Comanco SAS, la otra empresa que hace parte del Consorcio Vial PGE 3, que hoy busca ejecutar el millonario contrato en Topocoro.
Los tres empresarios son amigos y se les identifica en la región como muy cercanos al polémico empresario, político y excontralor de Santander, Fredy Anaya.
El Consorcio Vial PGE 3 también está integrado por EDC proyectos SAS, firma barranquillera representada legalmente por Robinson Andrés Pertuz; y Geoestructural e Ingeniería, representada por Joaquín Antonio Ríos Ayola, contratista de los departamentos de Bolívar, Sucre y San Andrés Islas.
Oferente en reestructuración
Aunque el Consorcio Pronautica, el otro oferente que puja en la millonaria licitación exprés convocada a última hora por el exgobernador Mauricio Aguilar, inscribió la unión empresarial en Cartagena, Bolívar, las dos firmas con el mayor porcentaje de participación accionaria del consorcio son de Bogotá. Una es A & D Alvarado & During SAS, que está en proceso de reorganización (a punto de declararse en bancarrota), con el 50 %. Esta firma es representada por Juan Carlos Monzón Alvarado, quien también es socio mayoritario.
El Consorcio también está integrado por la Compañía de Fresados y Asfaltos de Colombia, Cofresacol SAS, representada por Julián David Carcamo Luna. Cofresacol fue creada en el 2021 por Alexander Carcamo en representación de las firmas: Grupo GL SAS y Promotora AB Uno SAS.
La firma cartagenera Dinacol SAS tiene el 40 % de participación en el consorcio y es representada legalmente por Osvaldo Luis Rodríguez Luna.
