jueves 04 de septiembre de 2014 - 12:01 AM

Acusan a la Gobernación de Santander de “engolosinar” licitación del Contrato Plan

En medio de alegatos que señalaron falta de transparencia, vulneración del debido proceso, negligencia de la Gobernación de Santander a la hora de evaluar las propuestas y hasta direccionamiento de pliegos, fue adjudicada la licitación por $185 mil millones para la construcción de la vía San Gil - Charalá - Límites.

La controvertida decisión de la secretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, se dio pese a los argumentos esgrimidos por diferentes interesados en competir por el proceso así como por el Comité Transparencia por Santander, que señalaron que había razones sólidas para aplazar la audiencia y estudiar con detenimiento los requerimientos.

Y es que desde cuestionamientos por el cambio de criterios técnicos en las unidades de medida y cálculos presuntamente inconsistentes en solicitud de material de obra, hasta errores en la oferta del valor de la propuesta por la no contabilización del monto correspondiente a impuestos, fueron reseñados en medio de la audiencia.

Precisamente, los señalamientos que fueron hechos por los representantes legales de dos consorcios y una empresa hablaron de que a lo largo del proceso de contratación existieron “minas quiebrapatas” y “bombas hechizas” puestas por la administración para descartar a proponentes.

“La transparencia se vulneró completamente. El pliego inducía a error y la administración desde el primer momento lo supo cuando recibió más de 180 observaciones, de las cuales más de la mitad fueron aceptadas”, explicó Javier Rincón, apoderado de Troncal La Libertad.

“No es cierto que este ha sido un proceso claro. Aquí la artimaña para inducir a error y luego cobrar la formalidad fue un hecho, por eso hablé de minas quiebrapatas”, agregó Rincón, apoderado del consorcio que hasta un día antes de la adjudicación iba a hacerse acreedor al contrato, pero que por observaciones realizadas a última hora por el consorcio que resultó ganador fue descalificado.

Sin embargo, las críticas no solo hablaron de falta de garantías, también se señaló una “flagrante violación al debido proceso”, en razón a que aunque desde la Gobernación se dio espacio para réplicas no se consideraron y la administración emitió el acta de adjudicación antes de estudiarlas.

“El proceso estaba engolosinado y eso es un hecho. No se entiende cómo ignoran las réplicas, la adjudicación estaba lista antes de que las hiciéramos y todo el mundo se dio cuenta. Lo que se hizo con nosotros fue un mero formalismo”, indicó Camilo Osorio, representante legal de otro de los consorcios.

Y es que las observaciones al proceso no solo fueron realizadas por quienes quedaron descalificados: la única empresa que quedó habilitada junto al consorcio ganador también indicó que “todo estaba cocinado”.

“Para la muestra un botón, cómo se explica que una entidad seria reciba 16 propuestas y solo dos queden habilitadas. Afortunadamente nosotros quedamos, pero durante todo el proceso cuando intentamos poner en evidencia lo que hoy estamos discutiendo las respuestas fueron evasivas. A ningún proponente se le dieron garantías”, precisó Adriana García, apoderada de Grodco.

Pese a que las denuncias se mantuvieron durante toda la audiencia, la administración no las atendió y de hecho, no concedió el plazo que había sido solicitado por diferentes proponentes para estudiar las respuestas emitidas a las observaciones.

Ni siquiera, al término de la audiencia la Secretaria de Infraestructura emitió pronunciamiento alguno.

“Esto es realmente decepcionante, vergonzoso y preocupante. En esta ocasión la Gobernación vulneró de frente principios tan básicos como el del debido proceso, hizo caso omiso a las denuncias de los proponentes y caprichosamente adjudicó un contrato de esas magnitudes. Evidentemente iremos ante los entes de control para que se investigue este tipo de conductas”, aseguró María Juliana Acebedo, vocera de Transparencia por Santander.

El ganador

Al Consorcio Conectividad San Gil fue adjudicado el millonario proceso de selección, que está enmarcado en el Contrato Plan firmado con la Nación el año pasado.

Esa unión está conformada por Carlos Alberto Solarte, Cass Constructora & CIA, VG Constructores, Valco Constructores y Constructora Valderrama Ltda.

Esos cinco integrantes no se conocen casualmente por este proceso, entre ellos guardan una estrecha relación.

Por una parte, Carlos Alberto Solarte, considerado uno de los principales contratistas del país en temas viales, también es parte de Cass Constructora & CIA, empresa que legalmente es de sus familiares.

Por otro lado, Valco, Valderrama y VG, son empresas pertenecientes, al igual que en el caso de Solarte, a una misma familia.

En Valco figura como dueño Mario Valderrama Cordero; en Constructora Valderrama, están Fernando y Ricardo Valderrama Cordero, y en VG repite Fernando Valderrama Cordero.

En manos de esa familia en Bucaramanga se han quedado millonarios contratos. El más reciente fue el del Centro de Convenciones de Neomundo por $19 mil millones, en medio de otro cuestionado proceso.

Para el caso de las empresas de Solarte, se estima que actualmente están ejecutando al menos medio billón de pesos en la construcción de vías en todo el país. Mucha de la contratación que está en manos de esa familia, según un artículo de la Revista Dinero publicado en junio de 2012, “termina en líos”.

Al ser consultado por esta redacción, Rafael Cortés, representante legal del consorcio, descartó que puedan existir problemas de ejecución y aseguró que el músculo financiero de las empresas es “muy amplio”.

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