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Jueves 03 de febrero de 2022 - 12:00 PM

Así actuaba la red señalada de quedarse con 16% del contrato del Estadio Alfonso López

El fiscal del caso calificó el actuar de Richard Aguilar Villa y varios de sus funcionarios como un perverso mudus operandi que se inquistó en la Gobernación.

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Fotoilustración / VANGUARDIA
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Durante la audiencia de legalización de captura de Octavio Reyes y Julián Jaramillo, capturados el pasado miércoles e implicados en el presunto direccionamiento de un contrato por $22 mil millones para el reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, el Fiscal 84 Anticorrupción entregó detalles de la que habría sido una “empresa criminal” orquestada por el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, y coordinada por Jaramillo, el hombre de confianza del entonces mandatario.

La Fiscalía entregó pistas de cómo el ingeniero Jaramillo habría pactado la entrega de las coimas, obstruido a la justicia, utilizado su cargo para beneficiarse y actuado de manera oculta.

El pacto por el 16%

El fiscal del caso argumentó que entre agosto de 2014 y mayo de 2016, la que él llamó “empresa criminal” operó con la intención de quedarse con el 16% del contrato que habría sido adjudicado ‘a dedo’ para que Richard Aguilar Villa, el mismo Julián Jaramillo y al menos 10 personas más se vieran beneficiadas ilegalmente.

“Se evidenciaron claras irregularidades en la fase precontractual, pues se direccionó el proceso a Octavio Reyes con ayuda de servidores públicos de la Gobernación de Santander”, dijo el Fiscal 84 Anticorrupción.

El acusador hace referencia a Reyes como representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, ejecutora del contrato cuyo objeto fue la remodelación del Estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Según el fiscal, Jaramillo se aprovechó de su calidad de servidor público como director del Departamento de Proyectos de Infraestructura para direccionar esa contratación que superó los $22 mil millones.

El funcionario judicial detalló que entre agosto y octubre de 2014, Jaramillo sostuvo reuniones previas a la apertura del proceso de licitación con el Gobernador, trabajadores de la administración departamental y con Octavio Reyes, en las que coordinó el direccionamiento del millonario contrato.

En esas reuniones, según la Fiscalía, las partes involucradas pactaron coimas para adjudicar de forma directa el contrato a Octavio Reyes. El 10% fue para Aguilar Villa, el 3% para Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura y el 3% restante para Julián Jaramillo.

El fiscal también dijo que entre mayo y diciembre de 2015, el entonces asesor del exgobernador se apropió ilegalmente de $620 millones del anticipo que se giró a la unión temporal ganadora de la licitación que estuvo previamente acordado.

$2 mil millones
por el silencio

Pero el presunto entramado de corrupción no habría quedado ahí. Entre las pruebas de la Fiscalía está una posible “obstrucción a la justicia” por parte de Julián Jaramillo, señalado de coordinar la “empresa criminal”.

Según la acusación del fiscal, en marzo de 2019, cuando el escándalo ya había estallado, el exasesor de Aguilar Villa buscó a Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura y a Lenin Pardo, contratista durante la administración del exgobernador e intermediario en el proceso de adjudicación, para ofrecerles otra coima para que no contaran la verdad de los hechos.

Jaramillo habría ofrecido a los esposos hasta $2 mil 800 millones y una cuota de manutención durante todo el proceso, con la finalidad de que guardaran silencio sobre la estructura que se habría montado desde la Gobernación.

Sin embargo, Toledo y Pardo se acogieron a un principio de oportunidad en la Fiscalía y se comprometieron a ‘prender el ventilador’ y contar la realidad de los hechos que tienen privadas de la libertad a tres personas, incluido un exgobernador de Santander.

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Publicado por Arley Sánchez

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