viernes 14 de enero de 2022 - 10:00 AM

Daniel Quintero, en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría

Mientras la Fiscalía investiga presunta presión a contratistas, la Procuraduría indaga si la administración de Quintero ha censurado a la prensa.
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En medio de una semana convulsa, marcada por la polémica que generó la arremetida del alcalde Daniel Quintero contra varias empresas antioqueñas y las divisiones políticas que ha profundizado el avance del proceso revocatorio, el de ayer fue un día de golpes para el mandatario local, tras conocerse la apertura de una indagación preliminar de la Procuraduría, del inicio de una investigación en la Fiscalía y hasta la improcedencia de una tutela que buscaba frenar la revocatoria.

Las pesquisas, que buscan establecer si el alcalde y dos de sus secretarios de despacho habrían incurrido en falta disciplinarias, en el caso de la Procuraduría; o de la comisión de delitos, por el lado de la Fiscalía, ya habían sido alertadas por El Colombiano desde el año pasado.

Además del Alcalde, las ‘ías’ tienen en el radar a dos de los funcionarios de su círculo más cercano: el secretario de Gobierno Esteban Restrepo y al secretario de Inclusión Social Juan Pablo Ramírez, ambos se han desempeñado como alcaldes encargados en las ausencias de Quintero.

Además: Procuraduría abrió indagación a Daniel Quintero por posible censura a la prensa

Hostigamientos a la prensa

En el caso de la Procuraduría, El Colombiano pudo conocer que el Ministerio Público profirió la apertura de una indagación preliminar con la que se busca determinar si el gobierno local incurrió en una falta disciplinaria al hostigar a los medios de comunicación de la ciudad, en especial a El Colombiano.

En el centro de ese proceso está el episodio ocurrido entre el 20 y 22 de octubre, cuando tanto el alcalde Quintero como el secretario Restrepo arremetieron en sus cuentas de Twitter contra ese diario por la publicación de una investigación que dejaba al descubierto los lazos familiares entre el círculo cercano al alcalde y sus cuotas burocráticas. Restrepo publicó un sondeo en su cuenta de Twitter en una votación en la que calificó a El Colombiano de “pasquín”, que además fue replicado en el canal Telemedellín. En esa misma línea, Quintero trinó el 22 de octubre:

“Respetamos a la prensa libre e incluso a la que se vendió. Son los ciudadanos los que castigan a un medio con la irrelevancia ante la evidencia de que en su junta directiva estaban constructores sancionados por Hidroituango. Cientos de noticias sin mostrar que intereses defendían (...)”.

Por estos hechos, la Procuraduría investiga si ambos funcionarios habrían incurrido en una falta disciplinaria por violación a la libertad de prensa.

Según le informaron fuentes de la Procuraduría a El Colombiano, la apertura de la indagación estaba definida desde noviembre. Desde entonces, el Ministerio Público intentó notificar en varias ocasiones a Quintero, enviándole comunicados y correos, vía electrónica y por medios físicos, pero Quintero buscó, dicen desde el organismo, la forma de eludir la notificación y frenar el proceso.

Por ello, la Procuraduría lo notificó vía edicto el pasado martes y este jueves lo desfijo para dar así apertura formal a esta indagación preliminar.

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Pesquisas en Fiscalía

En paralelo a esta indagación, ayer se conoció la noticia criminal con la cual la Fiscalía da apertura a una investigación, tras la denuncia que se radicó contra el alcalde Quintero y el secretario de Inclusión Juan Pablo Ramírez, por presunta presión a contratistas para que apoyaran su proyecto político.

Tal como lo contó ese diario el pasado 8 de noviembre, esas presiones habrían ocurrido en un almuerzo realizado el 8 de agosto, según la exdirectora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión, Pilar Rodríguez, quien entabló la acción penal en noviembre.

En esa reunión, celebrada en una vivienda en el sector de La Calera, les habrían dado la instrucción a un poco más de 20 contratistas de afiliarse a la ONG “El Futuro se Parece a Nosotros”, con membresías que iban desde $20.000 hasta $200.000 mensuales, lo que Rodríguez interpretó como una presión para conservar su trabajo. Tras lo ocurrido, ella presentó como soporte a su denuncia los mensajes de Whastaspp y la carta de afiliación a la ONG. Ahora la Fiscalía determinará si Quintero y Ramírez incurrieron en los delitos de concusión y cohecho.

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