Julián Jaramillo y Artemio Suárez, dos de los hombres de confianza del exgobernador Richard Aguilar, llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía en del proceso penal en su contra por las múltiples irregularidades en las fases precontractual, contractual y de ejecución del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por $22 mil millones.
Publicado por: Unidad Investigativa
Tras haber sido privados de la libertad, sindicados de participar en el escándalo de corrupción en el millonario contrato para el reforzamiento del estadio Alfonso López, Julián Jaramillo Díaz, exasesor de despacho durante la adminsitración de Richard Aguilar, y Artemio Suárez Díaz, excontratista de la Gobernación de Santander, negociaron un preacuerdo con la Fiscalía para reducir la condena en su contra.
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Devolverá $682 millones
La Unidad Investigativa de Vanguardia pudo confirmar que hace algunos días la defensa del exasesor de despacho de Aguilar Villa le pidió al juez la autorización para vender tres bienes inmuebles y un automóvil, al parecer con el objetivo de pagar la multa y así acceder al preacuerdo con la justicia.
En total, Julián Jaramillo deberá devolver 682 millones de pesos y se allanará a los delitos que le endilga la Fiscalía. Por lo que solo pagará 50 meses (4 años y 2 meses) de prisión en centro carcelario.
Jaramillo fue la mano derecha de Richard Aguilar en los temas de contratación, tanto así que actuó como asesor y director de proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Santander, durante su mandato.
Según la investigación de la Fiscalía, Julián Jaramillo junto con el contratista Octavio Reyes, quien también se encuentra privado de la libertad por estos hechos, habría participado en reuniones en las que se ajustaron los términos de la licitación del millonario contrato de reforzamiento del Estadio.
En el entramado de corrupción, Reyes Sarmiento habría recibido información privilegiada para mejorar su oferta y propuesta comercial para quedarse con el contrato de obra, como efectivamente ocurrió, y en contraprestación se acordó el pago de coimas que ascendieron al 16% del valor total del contrato. El 3% de estos dineros, presuntamente, fueron a parar a manos del asesor y director de proyectos, Julián Libardo Jaramillo.
“Adicionalmente, se constató que, durante la etapa de ejecución se entregó un anticipo del 50% del valor del contrato. Seis meses después del inicio del proyecto fue autorizada una adición presupuestal sin que las obras avanzaran según lo previsto en el cronograma. Para este trámite, supuestamente, se utilizaron 18 documentos falsos (facturas y cuentas de cobro). De igual manera, para justificar los desembolsos se incluyeron precios unitarios con exagerados sobrecostos y cobros por actividades que no se realizaron”, señaló la Fiscalía.
Para el ente acusador, estas acciones ilegales generaron un peculado por $7.982 millones.
Por estos hechos, Julián Libardo Jaramillo está siendo procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación, soborno en la actuación penal, falsedad ideológica en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público.
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Artemio también preacordó
Por otra parte, se negoció el preacuerdo entre la Fiscalía y el contratista Artemio Suárez Díaz. El imputado deberá purgar 48 meses (cuatro años) de prisión en un centro carcelario.
En el acuerdo, Suárez Díaz se comprometió a allanarse a los delitos que le endilga la Fiscalía y se compromete a devolver $1.430 millones.
Artemio Suárez es investigado por la Fiscalía por haber aportado los $700 millones para pagar parte de las coimas por la adjudicación del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López.
“Con la celebración del contrato 766 de 2015, cuyo costo total ascendió 22.000 millones de pesos, se autorizó el pago de un anticipo de 40%. De esta suma, Suárez Díaz, supuestamente, se apropió de $1.295 millones y los sustentó como si correspondieran a dineros de un contrato de transporte de material y retiro de escombros, actividades que nunca se realizaron”, detalla la Fiscalía en la acusación.
Por tal motivo, el ente acusador le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación.
Contratista de confianza
Artemio Suárez es uno de los contratistas más cercanos al clan Aguilar, es amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar y a través de su firma Movipetrol recibió contratos por más de $2 mil millones en la administración de Richard Aguilar. La injerencia de Artemio Suárez era tal que le arrendó a la Gobernación el local donde operó la ‘casa paralela’, allí se realizaban las negociaciones y los acuerdos ilegales para el direccionamiento de los procesos contractuales en el gobierno de Richard Aguilar.
Para esa época, en dicha oficina ubicada en el segundo piso de la calle 41 # 9-67, justo al lado de la Gobernación de Santander, también operaba la empresa Construservis Company, firma propiedad de Próspero Díaz Poveda, uno de los socios más cercanos a Artemio Suárez. Construservis Company recibió contratos por más de $3.400 millones en la administración de Aguilar Villa.
Resarcimiento del daño
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Así mismo, Julián Jaramillo y Artemio Suárez se comprometieron con la justicia a construir un centro deportivo en Bucaramanga para resarcir el daño provocado por las irregularidades contractuales en el proceso de reforzamiento del estadio Alfonso López.
Sin embargo, aún no se conocen las dimensiones, el valor ni el lugar en el que se construiría dicha obra.
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Recluidos en una cárcel
Si bien las penas de Julián Jaramillo y Artemio Suárez no superan los cinco años, los dos hombres de confianza del clan Aguilar pagarán sus penas en un centro carcelario.
Según penalistas consultados por Vanguardia, por tratarse de delitos de corrupción la pena deberá ser purgada en un centro carcelario.
“La Ley señala que por tratarse de delitos contra la administración pública no hay beneficios como la prisión domiciliaria. La condena debe cumplirse en un centro carcelario. Sin embargo, las personas podrán ir reduciendo su condena por buen comportamiento, trabajo y estudio, como cualquier otro preso. En mi concepto la condena es muy baja teniendo en cuenta el tamaño del delito, pero tenemos que esperar a conocer el documento del preacuerdo para poder tener una opinión más exacta sobre el tema”, indicaron los expertos.
Así mismo, ante un juez de control de Garantías el fiscal 84 de la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá les imputó cargos a Paula Marcela Moreno y Andrés Julián Ulloa, (integrantes de Movipetrol, empresa de Artemio Suárez), e Ivy Xiomara Suárez, quien perteneció a la interventoría a las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Según el fiscal del caso, Paula Marcela Moreno, Andrés Julián Ulloa e Ivy Xiomara Suárez, incurrieron en el delito de falsedad en documento privado. Además, el ente acusador señaló a la señora Suárez, de haber cometido peculado por apropiación en favor de terceros.
Andrés Julián Ulloa y Paula Marcela Moreno, aceptaron cargos. Mientras que Ivy Xiomara no se allanó.
Paula Marcela Moreno, además de ser la representante legal de Movipetrol, es esposa de Artemio Suárez, contratista de confianza del clan Aguilar.
Andrés Julián Ulloa Moreno, figuró como presidente de Movipetrol, para época en que dicha empresa ingresó a la Unión Temporal que llevaba a cabo las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López. A través de él, se realizaba el cruce de las facturas para poder cobrar los anticipos del proyecto y recuperar las coimas entregadas por la adjudicación del millonario contrato.
Del mismo modo, Ivy Xiomara Suárez, como supuesta contratista de la interventoría también habría falsificado una serie de facturas para desviar los recursos de los anticipos del contrato.
La Fiscalía no solicitó medida privativa de la libertad para ninguno de los implicados.
