sábado 04 de noviembre de 2023 - 6:59 PM

Unidad Investigativa: La verdad que deberá contar Hugo Aguilar para ingresar a la JEP

El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, tendrá el próximo 14 de noviembre su última oportunidad para ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz. Su ingreso estará condicionado a sus aportes a la verdad con temas como la participación de los paramilitares en la campaña que lo llevó al poder, la existencia de fosas comunes de las autodefensas en Santander y el reconocimiento de la participación de los paramilitares en su gobierno.
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El jefe del clan Aguilar, uno de los más poderosos de la política en Santander, el exgobernador Hugo Helidoro Aguilar Naranjo, tendrá el próximo martes 14 de noviembre su última oportunidad para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

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Para poder acceder a esta justicia especial, Hugo Aguilar deberá pasar de los relatos “anecdóticos” sobre su relación con los grupos paramilitares y prender el ‘ventilador’, aportando información clara y concisa relacionada con la participación de funcionarios, empresarios, agentes del Estado y la clase política de la región en actividades de grupos paramilitares.

“Lo anterior, advirtiéndole tanto al solicitante como a su apoderado que en el escenario que se surtirá a partir del presente auto, no tienen cabida los alegatos defensivos o exculpatorios, ni los relatos fragmentados o anecdóticos, sino que lo que se espera es un relato omnicomprensivo que no solo resuelva su situación particular, sino que abarque el ambiente que propició la comisión de las conductas delictivas y que concrete un aporte detallado y exhaustivo a la verdad y a la reparación”, se lee en la resolución de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, que le da una última oportunidad al polémico exgobernador.

A prender el ‘ventilador’

Pero los aportes de Aguilar Naranjo ante la JEP no podrán limitarse al señalamiento de terceros involucrados en la creación, expansión y consolidación del paramilitarismo en la región. La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al expediente judicial del exgobernador Aguilar en la JEP, que tiene un contexto más amplio.

En el centenar de folios de la Jurisdicción Especial sobre el paramilitarismo en Santander, Hugo Aguilar además de reconocer que las autodefensas estuvieron detrás de sus campañas a la Asamblea (2000); y la Gobernación de Santander, (2003), también tendrá que complementar con pruebas u otros indicios, la participación de las autodefensas en la consolidación de un ícono turístico de Santander, el Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, la posible existencia de por lo menos dos fosas comunes de paramilitares en el departamento y la relación de su proceso penal con el ‘carrusel de la toga’, entre otros 18 relatos más entregados paulatinamente por el exgobernador Aguilar a la Jurisdicción Especial de Paz.

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La “verdad” del coronel

El 2 de junio de 2020, Aguilar Naranjo a través de su apoderado dio respuesta al requerimiento efectuado por la JEP. En su escrito, que tituló “La verdad del coronel”, el exgobernador aceptó haber tenido apoyo de los paramilitares para ser elegido Gobernador del departamento de Santander, por lo que se comprometió a pedir perdón públicamente. Además, describió brevemente 18 hechos que él denomina “casos”, de los que alega tener conocimiento y que tienen relación con el conflicto armado en el país.

En su declaración ante la JEP, Hugo Aguilar reconoció que gracias al respaldo del Bloque Central Bolívar logró ser elegido diputado de Santander. Años más tarde, gracias a ese mismo apoyo de los paramilitares, renunció a la Asamblea para aspirar a la Gobernación por el partido Convergencia Ciudadana, venciendo de manera sorpresiva al favorito, el liberal Luis Francisco Bohórquez.

Ya actuando como mandatario, Aguilar Naranjo nombró a personas cercanas a los paramilitares, como por ejemplo la designación de Bonel Patiño, amigo personal del jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’ como secretario de Educación de Santander.

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Panachi, ¿megaobra paramilitar?

En su versión preliminar Aguilar reseñó que la construcción del Parque Nacional del Chicamocha fue un medio para poder cumplir pactos burocráticos con los paramilitares, esto, a través de convenios interadminsitrativos entre el Departamento y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, para contratar a todas las personas encargadas por las autodefensas.

“Si bien es cierto, los convenios los firmaban los secretarios de despacho, yo era el Gobernador y el presidente de la junta directiva de Panachi, y aproveché para involucrar al diputado Nelson Naranjo Cabarique como el interlocutor entre el proyecto y las autodefensas para seleccionar la gente de esa organización al margen de la ley que entró a trabajar en el año 2004 y así cumplir con el compromiso burocrático”, relató Aguilar.

El proyecto de Panachi, según cuenta el propio Hugo Aguilar, fue objeto de denuncias por parte los exsenadores Hugo Serrano y Horacio Serpa, ambos ya fallecidos, quienes advirtieron públicamente ante autoridades judiciales en que el proyecto no era para impulsar el turismo ni reactivar la economía sino para cumplir económica y burocráticamente a los paramilitares.

“De ahí que el Eln intentó hacer un atentado terrorista cuando iba a inaugurar el puente que había construido sobre el río Sogamoso para la entrada al municipio de Cepitá”, agrega Aguilar.

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Fosas paramilitares

En otros de los casos reseñados ante la Jurisdicción Especial, el exgobernador de Santander aseguró que en por lo menos dos municipios de Santander los líderes paramilitares del Bloque Central Bolívar contaban con sus propias fosas comunes en las que enterraban a sus contradictores.

Según lo relatado por Hugo Aguilar, en el mes de septiembre de 2003, alias ‘Víctor’, que era el comandante del Bloque Comuneros, lo citó a una reunión con alias ‘Ernesto Báez’ a la que también asistieron otros políticos de la región, como el exsenador Marco Cortés (hoy alcalde electo de Barbosa), el exdiputado Domingo Cortés (hasta el domingo pasado aspirante a la Gobernación de Santander); y su hermano Henry Cortés, al igual que los exdiputados Alfonso Riaño, Luis Francisco Guarín, Rafael Castillo y Nelson Naranjo, entre otros personajes.

Indica Aguilar Naranjo que el mismo alias ‘Víctor’ le manifestó que en el corregimiento de Riachuelo, jurisdicción del municipio de Charalá, “en la vereda donde tenían una curtiembre, enterraban a desafectos de la organización que citaban y eran asesinados”.

Hugo Aguilar señala que son las personas de la vereda las que pueden señalar el sitio en el corregimiento de Riachuelo donde posiblemente está la fosa común.

Igualmente, en otro de sus relatos Aguilar asegura ante la JEP que en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, cerca al perímetro urbano donde tenía la finca alias ‘Camilo Morantes’, existía un lago con cocodrilos y los alimentaba con los cadáveres de las personas que asesinaban.

“Este lago ya fue rellenado, es decir ya no existe, pero estoy seguro por informaciones de la gente del corregimiento, que al lado donde existía el lago hay una fosa común donde enterraron varios cadáveres”, agrega.

Guillermo Cristancho, más conocido como ‘Camilo Morantes’, fue el líder de las AUC en la región de los municipios de Rionegro, El Playón, Sabana de Torres y sus alrededores. Participó en la comisión de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, cuando fueron asesinadas 32 personas por orden de Carlos Castaño.

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‘Carrusel’ en su contra

Otra de las declaraciones que llamó la atención de los magistrados de la Jurisdicción Especial tiene que ver con las denuncias hechas por el exgobernador de Santander, esta vez, después de haber sido capturado y procesado por parapolítica.

Según el relato del líder del clan Aguilar, cuando se encontraba recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá, fue abordado por la abogada Claudia García Méndez, quien lo visitó con el encargo de transmitirle un mensaje del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos.

Manifestó que García Méndez le indicó que debía pagar la suma de $5 mil millones para que su condena fuera favorable. “Recibí un mensaje en el sentido de que el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me mandaba a decir que tenía dos alternativas para salir: o quedarme en la cárcel dos años más con mis compañeros, o salir ya, con la opción de pagar mostrándole los cinco dedos de la mano derecha, que luego de las aclaraciones no correspondían a cinco millones sino a cinco mil millones”, anotó Aguilar Naranjo.

El exmandatario aseguró que como no pagó, su condena fue superior a la impuesta a los demás congresistas y gobernadores involucrados en la parapolítica. “Me llené de rabia y le respondí que yo no era ningún mafioso y que de dónde iba a sacar ese dinero. A los tres meses fui condenado incrementándome la pena en dos años más en comparación a los congresistas y gobernadores involucrados en la parapolítica además de una multa exorbitante y desproporcionada comparada con los demás condenados por la misma conducta”, dice Hugo Aguilar.

Claudia García Méndez es una abogada sangileña muy cercana al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, salpicado en el escándalo del ‘cartel de la Toga’.

García Méndez fue nombrada en la administración de Richard Aguilar (hijo de Hugo Aguilar), como directora de la Casa de Santander en Bogotá, sin embargo, en 2013, siete meses después de su designación, renunció al cargo tras las revelaciones de la Revista Semana en las que advertía unas constantes e irregulares visitas por parte de la abogada a Iván Moreno Rojas, en la cárcel la Picota para supuestamente servir de intermediaria entre el exsenador santandereano, el exalcalde de Bucaramanga y las altas cortes en Estados Unidos.

Exclusión previa

En agosto del 2022 y luego de 32 meses de evaluación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, lo que le complica al exmandatario departamental su estrategia para evadir la justicia ordinaria en tres procesos por lavados de activos y enriquecimiento ilícito que aún avanzan en su contra.

En la solicitud elevada ante la JEP, Aguilar Naranjo afirmó que estaba dispuesto a contar toda la verdad sobre su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, lo que abrió una luz de esperanza para esclarecer la verdad sobre las alianzas y acuerdos entre grupos armados ilegales y la clase política de Santander en los años 90.

Como presidente de la junta directiva de Pancahi aproveché para involucrar al diputado Nelson Naranjo, como el interlocutor entre el proyecto y las autodefensas
Hugo Aguilar Naranjo
Exgobernador de Santander

Sin embargo, las declaraciones entregadas por el exgobernador de Santander ante la JEP y ante la Comisión de la Verdad, contrario a reconocer su vínculo con los grupos paramilitares y esclarecer los hechos de violencia política que se vivieron en Santander en el comienzo del siglo, terminaron siendo imprecisas, inconsistentes y tendenciosas para desmarcar su crecimiento político electoral en Santander respaldado por las AUC.

“El señor Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo a lo largo de su compromiso de verdad se enfrascó en la idea de presentar argumentos exculpatorios tratando de desmantelar la idea de que su condena por la comisión del delito de concierto para delinquir no consistió en el auspicio y promoción de grupos paramilitares, sino que estuvo reducida de forma pasiva a recibir el apoyo electoral para ser elegido gobernador de Santander, manteniendo la administración al margen de cualquier colaboración con las autodefensas”, dicta el fallo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Incluso, en su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Aguilar siempre se mantuvo en que su condena por parapolítica por parte de la Corte Suprema de Justicia fue un montaje y una persecución política por parte del Partido Liberal, en especial, del fallecido Horacio Serpa.

Finalmente, la falta de compromiso con la verdad le terminó cerrando las puertas de la Jurisdicción Especial a Hugo Aguilar, su esposa y su suegra.

“En síntesis, la falta de exhaustividad y detalle que se le pidió fuera parte del ajuste a su «pactum veritatis» aminoran la entidad para ser aceptado y por esta vía se impone la decisión de rechazo”, puntualizó la JEP.

La principal inconsistencia de la versión del exgobernador se da en el reconocimiento de su relación política electoral con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Si bien al final de su intervención en la Comisión de la Verdad reconoció que permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, realizaran el constreñimiento al elector, y que recibió el apoyo para la elección como gobernador de Santander, durante toda la entrevista con los penalistas de la Comisión negó reiterativamente haber recibido apoyo de los paramilitares.

“Yo no les pedí que me apoyaran, a través de los líderes pedía permiso para poder hacer el proselitismo político, si me daban el permiso y si no tenían problema yo iba y hacía las reuniones políticas. Yo caí en un error de las malas costumbres de la política tradicional por el afán del poder”, había expuesto con anterioridad Aguilar.

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Ingreso condicional de Aguilar a la JEP

El pasado 21 de julio la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, con presidencia de Rodolfo Arango Rivadeneira, revocó la Resolución 2862 proferida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el 9 de agosto de 2022 mediante la cual rechazó, por juicio de prevalencia jurisdiccional, el sometimiento de Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo ante la JEP.

Para la Sección de Apelación, aunque los relatos iniciales de Hugo Aguilar ante la JEP han sido sobre todo “anecdóticos”, el exmandatario ha insistido en su interés de aportar nueva información y reparar a las víctimas, en tal sentido, la Sección consideró tener en cuenta la relevancia de los aportes que Aguilar Naranjo puede tener para el esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad en el Macrocaso 08, (“crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano) y, en general para contribuir con la elucidación del conflicto armado y con la reparación de las víctimas.

“Considera esta Sección que es posible otorgarle al peticionario una última oportunidad para que, por única vez, de forma inequívoca, directa y certera, con respaldo en los elementos materiales probatorios obrantes en la presente actuación y los que el arrime o indique con exactitud su localización, realice aportes idóneos, serios, aptos, novedosos y amplios y desarrolle las contribuciones a la verdad que ha enunciado y esbozado hasta la fecha y precise sus señalamientos sobre los individuos”, dicta el fallo.

Así mismo, los magistrados le advierten nuevamente a Hugo Aguilar que el aporte a la verdad plena se constituye en un presupuesto para continuar con la actuación y, por tanto, la reticencia en contribuir con aportes tempranos a la verdad de lo que se conoce, sin reconocimiento de responsabilidad, puede llevar a su no aceptación de su sometimiento.

“En efecto, la SDSJ, (Sala de Definición de Situaciones Jurídicas), podrá poner un fin definitivo al presente asunto, si el señor Aguilar Naranjo no evidencia una actitud contributiva con los fines de la transición”, concluye la Sala.

La sentencia de apelación contó con el voto favorable de los magistrados: Eduardo Cifuentes Muñoz, Danilo Alfonso Rojas Betancourth, Mirtha Patricia Linares Prieto, y Lidia Mercedes Patiño Yepes. La magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano votó en contra de todo el fallo de la Sala de Apelación.

Enriquecimiento ilícito

Aunque en la actualidad existen por lo menos 21 casos penales en contra del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, la JEP hace énfasis en cuatro procesos puntuales de la justicia ordinaria en contra del exmandatario departamental: peculado por apropiación y celebración indebida de contratos; extinción de dominio; y dos procesos más por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En tal sentido, la Jurisdicción Transicional le requirió a Hugo Aguilar que frente a la comisión de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos y demás conductas que en virtud del principio de integralidad se lleguen a considerar relacionadas con el conflicto “precisara cuál es la vía procesal que pretende agotar en el marco de la JEP indicando si reconocerá responsabilidad o pretende cursar el trámite adversarial”.

Sin embargo, dicho reconocimiento jamás fue aceptado por Aguilar Naranjo, lo que significó una de las razones por las cuales el exgobernador no fue aceptado en la JEP.

“Se puede inferir sin ninguna dificultad la comisión del delito y su vinculación con el conflicto armado, por cuanto estas investigaciones tuvieron origen en un mismo contexto que corresponde a las alianzas realizadas entre dirigentes políticos, entre quienes se encuentra el interesado (Hugo Aguilar) y grupos paramilitares con el fin de ser elegidos en cargos de administración regional, posterior a lo cual, no sólo a infiltración de los cargos de elección popular generaba enormes ganancias producto de la corrupción en la contratación pública, lo que terminaba fortaleciendo la influencia y el accionar de los grupos armados, sino que, además, permitió que muchos mandatarios locales desviaran recursos del Estado a la financiación de sus campañas políticas o a su fortuna personal”, señaló la JEP.

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