Comunidades campesinas de Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del Sur en el Magdalena Medio denuncian confinamientos, hambre y falta de respuesta estatal, en medio de la disputa que mantienen grupos armados al margen de la ley.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
El hambre y el miedo se han apoderado del sur de Bolívar en los últimos días. En municipios como Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del Sur, cientos de familias campesinas permanecen confinadas desde el pasado 2 de octubre por cuenta de un bloqueo alimentario impuesto por grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
De acuerdo a la denuncia hecha por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), los grupos en disputa han restringido el ingreso de alimentos, transporte público y productos básicos a las veredas Albania, Ahogaperros, La Bamba y Santo Domingo, en los límites entre Cantagallo y San Pablo.
Ramón Abril, miembro de la junta directiva de esta organización, explicó que la población sobrevive con lo poco que produce en sus parcelas, aunque la situación se agrava cada día. “Las comunidades no tienen opción. Primero bloquearon el comercio, luego el transporte y ahora incluso limitan el pan coger, la comida diaria de la gente”, advirtió.
Credhos señaló que este confinamiento constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, pues las comunidades campesinas han sido condenadas al hambre en medio de una disputa territorial.
“Se está vulnerando el derecho fundamental a la alimentación y el derecho a la vida. Impedir que las comunidades accedan a los alimentos es una forma de violencia extrema que debe ser rechazada por todas las instituciones del Estado, pero hasta ahora hay solo silencio” de las autoridades, afirmó Leidy Irreño, abogada de Credhos.
A la crisis humanitaria del sur de Bolívar se suma el secuestro del líder comunal Armando Uriel Ávila Chávez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Robles, en Santa Rosa del Sur, quien estaría en manos de un grupo armado ilegal desde el pasado 3 de octubre.
Yondó también está en alerta
Mientras el sur de Bolívar sufre por la falta de alimentos en medio del conflicto, en el vecino municipio de Yondó (Antioquia) la situación no es menos preocupante. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) denunció nuevos hostigamientos y vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario contra la comunidad de Puerto Matilde, ubicada en la Zona de Reserva Campesina.
En un comunicado, la organización relató que hombres armados, presuntamente con prendas del Ejército, dispararon desde la orilla del río Cimitarra hacia el caserío y luego cruzaron el afluente, ingresando a varias viviendas vacías y causando daños: “La comunidad no logró identificar a qué batallón pertenecían. Les exigieron que salieran de sus casas y dañaron puertas y ventanas”.
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La ACVC manifestó que este hecho se suma a una cadena de vulneraciones que la comunidad ha padecido durante el año. En julio, Puerto Matilde fue víctima de un desplazamiento masivo tras los enfrentamientos entre el autodenominado Ejército Gaitanista y el Eln.
“Estos hechos, en los que cualquier grupo armado —legal o ilegal— se siente con poder de ocupar el caserío contra la voluntad de sus habitantes, son considerados como hostigamiento a la población civil, que se encuentra en total vulnerabilidad y sin garantías de protección”, advierte la organización.
Además, Credhos denunció que en medio de los recientes enfrentamientos entre los grupos armados y el Ejército Nacional en la zona, presuntamente se dio la desaparición de un soldado, quien habría sido arrastrado por el río Cimitarra.
“Realmente hay combates recurrentes; lo que pasa es que están totalmente silenciados y a la gente le dicen que no puede decir nada. Presuntamente, un soldado desapareció tras caer al río durante uno de estos enfrentamientos”, explicó Ramón Abril.
Las organizaciones pidieron al Gobierno Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que actúen en consecuencia con el deber de garantizar respeto y protección a las comunidades afectadas y que se cumplan los compromisos adquiridos durante la Comisión Humanitaria realizada el pasado 8 de agosto.
