La votación del proyecto de ley que obliga a los empresarios de locales comerciales a afiliar al sistema de seguridad social a todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, fue aplazado para la siguiente sesión de la plenaria de Cámara de Representantes.

Publicado por: COLPRENSA
Este proyecto le agrega una nueva condición a los establecimientos de comercio abiertos al público para que puedan operar. Además de los requisitos ya existen, esta medida pretende que el empleador afilie a todos sus empleados al Sistema General de Seguridad Social, independientemente del tipo de modalidad de contratación que emplee.
La votación del segundo debate de este proyecto, que inició su trámite a través de la Comisión Séptima de Cámara, fue aplazado tras la objeción de varios representantes en tanto que no es claro cuántas personas y negocios se pueden ver afectados con la nueva norma.
La representantes Alba Luz Pinilla, del Polo Democrático, objetó el proyecto argumentando que atenta contra el fomento al trabajo sobre todo para los estratos bajos.
Según Pinilla, las tiendas de barrio, los salones de belleza y los talleres de mecánica serán los negocios más afectados ya que, además de cumplir con los otros requisitos de funcionamiento formal, también deberán pagar la seguridad social de los empleados que contraten informalmente.
La representante hizo un llamado para que se realice un estudio de alcance nacional con el que se determine cuánta gente y cuántos locales comerciales se verían afectados puesto que considera que el proyecto haría inviable el trabajo en estratos uno y dos. “Va a dejar a mucha gente sin la posibilidad de un trabajo”, declaró Pinilla durante el debate.
Los defensores de la medida, como el presidente de la Cámara, Augusto Posada, consideró que aún cuando este proyecto puede generar algunas de las dificultades señaladas por Pinilla, el país no puede arropar la informalidad y debe hacer un esfuerzo por conseguir la formalización del trabajo. Esto, le daría la posibilidad a todos los colombianos para que, independientemente del trabajo que realicen o la modalidad de contrato que tengan, puedan hacer un aporte a pensión.
Posada anunció la conformación de una Comisión Accidental para investigar el proyecto antes de votarlo en plenaria de Cámara de Representantes.
La corporación, en cambio, sí aprobó, en segundo debate, del proyecto de ley que buscaba aumentar los recursos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) tiene asignados.














