Campesinos y hacendados del Magdalena Medio y del sur del Cesar, con cuyos terrenos se busca restituir a víctimas de la violencia, aseguraron que de no darse una pronta solución, saldrían a paro.
Publicado por: XIOMARA MONTAÑEZ
Una nueva oportunidad para manifestar la angustiosa situación que les han producido los fallos judiciales que favorecen a las presuntas víctimas de la violencia, vinculadas al proceso de restitución de tierras, tuvieron las comunidades campesinas del sur del Cesar y del Magdalena Medio en una reunión adelantada en San Alberto, Cesar.
La reunión contó con la presencia del director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Jesús Ricardo Sabogal, quien se comprometió a buscar mecanismos jurídicos para reversar los efectos de los fallos judiciales que ya se dieron y que están por venir.
Sabogal aseguró que visitará la región cada 15 días para adelantar diálogos con las comunidades afectadas, que estudiará de nuevo los casos en los que la entrega del predio se basó en falsos testimonios y que denunciará ante la Fiscalía a quienes incurrieron en el delito de falsa denuncia.
En el encuentro también se creó una mesa de diálogo con representación de afectados de cada uno de los municipios. A su vez, Sabogal aseguró que nombrará una comisión especial de abogados para que estudien casos particulares.
Julio González, representante de afectados en San Alberto, dijo que en 10 días se darán a conocer las primeras acciones. “Este espacio le permitirá al Gobierno conocer quién es o no víctima, con la ayuda de testigos y de la comunidad que conoce la situación. No es justo que nosotros terminemos siendo víctimas como los reclamantes”, añadió el representante.
El director de la Unidad Nacional de Restitución informó que para el caso de aquellas personas que fueron compradores de buena fe, cuyo proceso ya llegó a su fin y les fue ordenada la entrega inmediata del predio, se propondrá una compensación con terrenos provenientes de extinciones de dominio a narcotraficantes, así como la compra de predios en otras zonas del país, para lo cual el Gobierno Nacional asignó una cuantía de $20 mil millones.
Sabogal indicó que para el caso de aquellas sentencias judiciales donde se ordenó el pago a los actuales propietarios de un valor basado en el avalúo catastral, se buscará revertir esta decisión, para que la indemnización se base en el avalúo comercial actual del inmueble, teniendo en cuenta si en él existen proyectos agroindustriales.
Barrancabermeja
La comunidad también pidió a Sabogal que investigue y haga seguimiento riguroso a las decisiones que se toman en la Oficina de Restitución de Tierras de Barrancabermeja. Los afectados aseguran que las pruebas que presentan los tenedores de buena fe, las cuales al parecer certifican que ellos no fueron despojadores, no son tenidas en cuenta. Agregan que muchos de los funcionarios de dicha Unidad “les dicen a los campesinos que no necesitan representante legal en el proceso, porque este es solo un proceso administrativo”.Tal denuncia la hace Silvia Duque, abogada y representante de campesinos. “Algunos de los inmuebles adquiridos por los compradores de buena fe, han tenido hasta siete dueños y solo el último que lo adquirió es el que está pagando las consecuencias. No nos oponemos a la restitución, pero no se está aplicando como se debe”, asegura la abogada Duque.
