En menos de dos años, al Gobierno le han estallado varios escándalos de presunta corrupción que ha llevado a algunos funcionarios de Palacio a dimitir de sus funciones. Autoridades investigan.
Mientras el Gobierno Nacional intenta reponerse esta semana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral presentaron ponencia para que se formulen cargos por la financiación ilegal a la campaña Petro Presidente.
Y es que el Pacto Histórico ha tenido que sortear varios escándalos en los primeros dos años de Gobierno. Miembros del círculo más cercano a Gustavo Petro se han visto involucrados en los hechos que incluso se han visto obligados a renunciar sus respectivos cargos.
La prueba de polígrafo
En enero de 2023, lo que inició como una estrategia para encontrar un maletín que se había extraviado en la casa de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, terminó convirtiéndose en el escándalo más grande que ha rodeado a Palacio de Gobierno.
Miembros de la Guardia Presidencial, que estaban al mando de Sarabia, la ‘mano derecha’ del Presidente, consideraron necesario realizarle una prueba de polígrafo, en las instalaciones del Edifio Galán, en la Casa de Nariño, a Marelbys Meza, la exniñera de la funcionaria del Gobierno. La polémica prueba tenía como objetivo detectar si la mujer de 45 años era responsable de la pérdida del dinero además de documentos reservados.
Para tal fin, a Marelbys Meza le quitaron el celular y la sometieron a la prueba sin su consentimiento, como ella lo contó. “Me sentí secuestrada, vulnerable”.
En medio del escándalo, el jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, el coronel Óscar Dávila, decidió quitarse la vida en medio de las presiones que se vivieron a principios de 2023 toda vez que estaría involucrado en las interceptaciones ilegales que se le hicieron a Meza, a quien vincularon con informe de Policía Judicial al Clan del Golfo para poderle ‘chuzar’ su celular.
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Por este caso Laura Sarabia es investigada en la Fiscalía y al menos cinco policías han sido imputados por los hechos.
Benedetti y los $15 mil millones
Quien también fue uno de los personajes más cercanos al presidente Gustavo Petro desde la campaña presidencial, fue el exsenador Armando Benedetti, quien llegó al Gobierno Nacional siendo embajador de Colombia ante Venezuela.
Benedetti, un curtido político que ha tenido relaciones con varios de los caciques políticos de Colombia, también fue protagonista de un escándalo. Al exsenador no solo se le vincula al caso de la Fiduprevisora y de Fonade, por los que lo investiga la Corte Suprema, sino que también habría estado inmerso en otros hechos cuestionables.
Unas grabaciones dadas a conocer por medios de comunicación dejaron ver a un diplomático afanado y molesto con Laura Sarabia, quien hasta hace un año fue jefa de Gabinete, y a quien recomendó para trabajar con Gustavo Petro desde la campaña presidencial en 2022.
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En los audios el entonces embajador ante Venezuela y hoy diplomático ante la FAO, reclamó por hacerlo esperar en la Casa de Nariño para conversar con el presidente Gustavo Petro y afirmó que, si no lo atendían, contaría detalles de cómo se financió la campaña presidencial.
“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.
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Dineros de la mafia
Tras una ruptura amorosa entre Nicolás Petro, el hijo mayor del jefe de Estado; y su entonces pareja sentimental Day Vásquez, otro escándalo estalló en el Gobierno Nacional.
La mujer dio a conocer que al entonces diputado los exnarcotraficantes y Gabriel Hilsaca dieron más de mil millones de pesos y que incluso con parte de ese dinero compraron una lujosa propiedad en una zona exclusiva de Barranquilla, donde vivían.
Tras estas revelaciones, la Fiscalía lo capturó a él y a Day Vásquez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A ella también se le imputó el delito de interceptación de comunicaciones.
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La exnuera del mandatario de los colombianos decidió acogerse a un principio de oportunidad mientras que Nicolás Petro, después de querer colaborar con la justicia, decidió retractarse. Ahora se le imputan nuevos delitos por corrupción cuando fue diputado.
Inicialmente, ante la misma Fiscalía, Nicolás Petro había aceptado que dineros de los dos exnarcotraficantes entraron a la campaña presidencial de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro.
Campaña irregular
Con una ponencia de más de 100 páginas, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada; y Benjamín Ortiz, buscan que al presidente Gustavo Petro y al gerente de la misma campaña, Ricardo Roa, entre otros, se les formulen cargos por la financiación irregular que habría tenido la contienda en 2022.
En el documento, que pondrán a consideración de todos los magistrados, se dallaron los aportes que recibió la campaña y que no fueron reportados como lo deben hacer las contiendas ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que regula los topes económicos de las agrupaciones políticas.
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El consolidado preliminar del informe señala que el Pacto Histórico, coalición de izquierda que apoyó a Gustavo Petro en la contienda política, omitió reportar gastos superiores a los $3.861.201.833 tanto en primera como en segunda vuelta.
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El informe detalles que así ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230. Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
Gestión del Riesgo: el principal eslabón
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre se convirtió en otro de los grandes eslabones en de la corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Olmedo López, quien llegó a ser director como cuota del Polo Democrático, adelantó un contrato junto a Sneyder Pinilla para comprar 40 carrotanques, por un valor superior a los $46 mil millones, para suministrar agua potable en La Guajira.
Este escándalo, que estalló en febrero de este año, ha tenido varias aristas mientras las autoridades empiezan a investigar. La empresa ganadora para suministrar carrotanques no tiene experiencia en esta materia, pero sí en suministro de abarrotes, ferretería y carne de consumo para humanos.
El contrato, direccionado y con sobrecostos de más de $7 mil millones como lo ha afirmado la Contraloría, tiene más matices. Si bien es cierto Olmedo López y Sneyder Pinilla han pedido principio de oportunidad con la Fiscalía para contar detalles, ya son varios los nombres que han salido salpicados en medio del escándalo.
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Sneyder Pinilla, quien fue subdirector, ha afirmado que al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, le entregó personalmente $1.000 millones en octubre del año pasado, cuando se debatía la reforma a la salud y en tiempos preelectorales.
Pero no fue al único. Aceptó que a través de Sandra Ortiz, la saliente alta consejera para las regiones, le dio al presidente del Senado, Iván Name, otros $3 mil millones en esa misma fecha. Por esta razón la Corte Suprema de Justicia los ha llamado a declarar.
Olmedo López, en medio de su matriz de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, afirmó que el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Carlos Ramón González, hoy director de Inteligencia, ordenó comprar congresistas para aprobar las reformas.
