En repetidas ocasiones el presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de los exalcaldes de Medellín, Cartagena y Bucaramanga, quienes han sido sancionados por la Procuraduría por hechos disciplinarios.
“Esto sigue siendo un abuso de poder”, así calificó el presidente Gustavo Petro la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionar e inhabilidar por cuatro meses al exalcalde de Cartagena, William Dau CHamat, por referirse de forma irrespetuosa a los directivos de la Universidad de Cartagena en medio de la elección de Contralor Distrital.
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El pronunciamiento del Jefe de Estado no solo se ha dado por William Dau Chamat, sino que en repetidas ocasiones también ha salido en defensa de los también exalcaldes de Medellín, Daniel Quintero Calle; y el de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quienes han sido sancionados en inhabilitados por el mismo Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello Blanco.
“Después de la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos ninguna autoridad administrativa debe suspender derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia. La Agencia de Defensa del Estado debe buscar la defensa tambien de la ciudadanía contra abusos se autoridad ante el contencioso administrativo”, afirmó el presidente Gustavo Petro
Sus reiteradas defensas a los exalcaldes sancionados obedece a que él mismo sentó un presedente en Colombia. Cuando fue Alcalde de Bogotá, el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, lo destituyó del cargo en medio de un proceso disciplinario en su contra por la polémica de la recolección de basuras en el distrio.
Este hecho mereció que Gustavo Petro tomara decisiones internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pidiera revisión de su caso, toda cvez que, según argumentó, se le estaban vulnerando sus derechos políticos a elegir y ser elegido, por una decisión de una dependencia disciplinaria como lo es la Procuraduría General de la Nación.
“Invito a los ciudadanos sancionados con pérdida de derechos políticos a realizar una demanda común contra este tipo de abusos de poder propios de una dictadura Colombia debe ser profundamente democrática y la justicia se debe respetar”, afirmó el Jefe de Estado.
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La sentencia a su favor obligó a la Nación a indeminzar a Gustavo Petro porque la corte consideró se le vulneraron sus derechos políticos, tal y como dice estaría aconteciendo con Daniel Quintero Calle (Medellín), Rodolfo Hernández Suárez (Bucaramanga) y William Daw Chamat (Cartagena).
“La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, es contraria a la Convención (Pacto de San José) y al objeto y fin de la Convención. Por las mismas razones, la Corte concluye que el Estado (Colombia) incumplió con sus obligaciones previstas en la Convención, por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro”, dice la sentencia de la corte que benefició los derechos del Jefe de Estado.
El caso Rodolfo Hernández y Daniel Quintero
En octubre del año pasado, cuando la misma Procuraduría General de la Nación confirmó que Rodolfo Hernández Suárez no podía ser candidatro a la Gobernación de Santander por tener tres sanciones en su contra por parte del Ministerio Público, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción anunció que acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir tener sus derechos a elegir y ser elegido.
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“Solicité audiencia con el relator de la CIDH porque desde un escritorio los politiqueros quieren quitarnos los derechos políticos y la posibilidad de ser Gobernador de Santander”, anunció el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en sus redes sociales.
Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación también decidió inhabilitar por seis meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien tiene aspiraciones presidenciales para 2026, luego de que en 2022 hiciera un video haciendo política a favor de la entonces campaña presidencial de Gustavo Petro, dentro del Pacto Histórico.
Para el Ministerio Público, fue clara la participación política en la que habría incurrido el entonces alcalde de Medellín, cuando entre sus facultades no estaba permitido hacer proselitismo a favor de una campaña política aunque él lo negó.
