La entidad asegura que la remoción de la interventora Lina Baracaldo fue una decisión autónoma y sin interferencias indebidas.
Publicado por: Laura Juliana Flórez
La Superintendencia Nacional de Salud ha respondido a las acusaciones realizadas por Lina Baracaldo, interventora del Hospital San Rafael de Leticia, quien afirmó haber sido presionado por Beatriz Gómez, superintendente delegada de la Supersalud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para firmar un contrato millonario para la construcción de un buque hospital en el Amazonas. Lea también: Gobernadora del Valle del Cauca traslada su despacho a Buenaventura para enfrentar crisis de violencia
A través de un comunicado oficial la Superintendencia negó que hubieran existido presiones indebidas sobre Baracaldo. Según la entidad, su actuación se basó en principios de autonomía e independencia, cumpliendo con los procedimientos establecidos para ejercer el control sobre el Hospital San Rafael.
Conflicto por el contrato del buque hospital
Baracaldo había denunciado que fue instada por Gómez a firmar el contrato antes del 31 de marzo, sin realizar preguntas, o de lo contrario, debería renunciar a su cargo.
La interventora también señaló que ha sido víctima de amenazas tras hacer pública su denuncia, asegurando que no puede revelar su ubicación por razones de seguridad. Lea también:Caso Uribe en vivo: este lunes es el turno del exparamilitar Carlos Enrique Vélez
En una grabación que circuló en medios de comunicación, se escucha a Gómez presionando a Baracaldo para que firmara de inmediato el contrato relacionado con el buque hospital.
Este proyecto, destinado a navegar por el Amazonas, ha generado controversia por la forma en que se ha gestionado.
Remoción de la interventora: un proceso legítimo
La Superintendencia, por su parte, defendió la remoción de Baracaldo, asegurando que fue tomada de acuerdo con la normativa vigente. La decisión fue respaldada por un informe del Comité de Medidas Especiales, el cual señaló que la interventora no cumplió con los indicadores técnicos y de gestión necesarios en su función.
El comunicado de la Superintendencia recalca que el procedimiento para la remoción fue completamente legal y transparente, y que la entidad se mantiene comprometida con la correcta administración de los recursos destinados al sistema de salud.
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Además, subraya que la misión de la Superintendencia es garantizar que los servicios de salud sean prestados de manera adecuada a todos los colombianos.
*Con información de Colprensa
