El ministro Guillermo Jaramillo enciende el debate tras decir que el Estado tiene la patria potestad de los menores de edad en el país.
Publicado por: Redacción Nacional
Una nueva polémica atraviesa el Gobierno Petro, esta vez por cuenta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en medio de un evento público afirmó que: “la patria potestad de los menores de edad en Colombia es del Estado”. La declaración que ha generado una lluvias de críticas por parte de expertos, políticos y defensores de la familia.
El comentario, según Jaramillo, se refería a la negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos, situación en la que, según él, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) debería intervenir. Sin embargo, para muchos, sus palabras van mucho más allá de una discusión sanitaria y tocan principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano.
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Cristina Plazas, exdirectora del Icbf, fue una de las primeras en reaccionar con firmeza: “Lo que dijo el ministro no es solo un error, es una señal alarmante. Afirmar que la patria potestad es del Estado es negar uno de los principios básicos de nuestra democracia y del derecho civil”, escribió en su cuenta de X.
El @ICBFColombia debe pronunciarse con urgencia frente a las declaraciones del ministro de Salud. Es indispensable que aclare si el Gobierno está considerando una reforma constitucional que modifique el régimen de patria potestad en Colombia. @AstridCaceresC https://t.co/MQ1yMyw17x
— Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) April 10, 2025
Plazas enfatizó que el Código Civil y la Ley de Infancia y Adolescencia reconocen que la patria potestad pertenece a los padres. “El Estado puede proteger y acompañar, pero jamás reemplazar el rol de las familias”, señaló, exigiendo además un pronunciamiento urgente por parte del ICBF y su directora, Astrid Cáceres, para aclarar si el Gobierno contempla alguna reforma constitucional en este sentido.
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Las reacciones políticas no tardaron en llegar. La senadora María Fernanda Cabal calificó las declaraciones de Jaramillo como propias de “regímenes totalitarios”, y recalcó que “los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres”.
Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios.
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 10, 2025
No se equivoque que las familias colombianas no están… pic.twitter.com/HJA9wV2x05
En la misma línea, el concejal de Bogotá Daniel Briceño alertó sobre un presunto intento de control estatal sobre la educación y crianza, mientras que el senador Miguel Uribe tildó al ministro de autoritario, asegurando que “aún vivimos en democracia y esa democracia la vamos a defender”.
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El congresista Hernán Cadavid también cuestionó el desconocimiento del Código Civil por parte del ministro, y el Partido Conservador emitió un comunicado en el que rechazó tajantemente cualquier intento de debilitar el rol de la familia como núcleo esencial de la sociedad.
Rechazamos con vehemencia las declaraciones del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quién afirmó públicamente que los niños pertenecen al Estado hasta los 18 años y que la patria potestad es del Gobierno.
— Partido Conservador (@soyconservador) April 10, 2025
Estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de… pic.twitter.com/deJqxWLk1J
¿Qué dice la ley?
En Colombia, la patria potestad está regulada por el Código Civil y la Ley 1098 de 2006. Ambos cuerpos normativos establecen que los padres son los responsables del cuidado, educación y protección de sus hijos menores de edad, siempre con el interés superior del niño como principio rector. La intervención del Estado solo procede cuando se vulneran sus derechos fundamentales, como lo ha reiterado la Corte Constitucional.
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Las declaraciones del ministro Jaramillo han puesto sobre la mesa un debate delicado y profundo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la protección de los menores sin menoscabar los derechos de las familias.
