Mientras miles de familias educan a sus hijos en casa, la Unesco lanzó una fuerte advertencia a Colombia: el homeschooling sin reglas puede poner en riesgo la protección, la salud mental y el futuro de niñas y niños.
Publicado por: Redacción Colombia
La educación en casa dejó de ser una rareza. Cada vez más familias en Colombia optan por el homeschooling o por modelos flexibles en los que niñas, niños y adolescentes estudian desde sus hogares. Sin embargo, esa expansión está ocurriendo en un vacío: el país no cuenta con una regulación clara, no hay registro oficial de cuántos estudiantes están en esta modalidad y las autoridades no tienen herramientas suficientes para supervisar su calidad ni sus condiciones de seguridad.
Ese es el diagnóstico que plantea un reciente informe de la UNESCO, que analiza el homeschooling desde la perspectiva de los derechos humanos y lanza un llamado directo al Estado colombiano: la flexibilidad es un derecho, pero no es absoluta. Debe estar subordinada al interés superior del niño y a la protección de la cohesión social.
Según el estudio, la razón de fondo para que las familias decidan educar en casa es lo que la UNESCO llama la “escolarización imposible”: cuando la escuela formal deja de ser un espacio seguro, inclusivo o adecuado para las necesidades de los estudiantes. Allí se ubican casos de niñas y niños con talentos excepcionales, con necesidades educativas especiales o que han sido víctimas de bullying y violencia escolar.
Esta realidad, advierte el informe, tensiona de forma directa el Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), que obliga a que el interés superior del niño sea “una consideración primordial” en todas las decisiones que lo afecten.
Para Daniel Rivero, rector del Colegio Monterrosales —uno de los más grandes del país, con más de 10.000 estudiantes en varias ciudades y una parte importante de su comunidad en modelos de educación flexible—, el mensaje es claro:
“El estudio de la UNESCO valida nuestra tesis fundamental: la salud mental de los niños no es negociable. Cuando un entorno rígido o inseguro compromete el bienestar de un estudiante, la flexibilidad se convierte en un imperativo moral y un derecho humano de protección bajo el Artículo 3 de la CRC”, señala.
El riesgo de las “sociedades paralelas”
La preocupación central de la UNESCO no es únicamente el nivel académico de quienes estudian en casa, sino el riesgo de aislamiento social y la reducción del pluralismo. Si las niñas y los niños crecen sin contacto con distintas miradas, culturas y fuentes de información, advierte el informe, se pueden terminar formando “sociedades paralelas” que ponen en riesgo la convivencia democrática.
Para evitarlo, el organismo propone que los Estados fortalezcan sus mecanismos de responsabilidad y monitoreo:
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“La UNESCO es nuestra mejor aliada al trazar la línea entre la libertad y la irresponsabilidad. La flexibilidad sin calidad es negligencia. Necesitamos registros obligatorios y evaluaciones que midan el desarrollo social y cívico, no solo la memorización”, agrega Rivero. “Es imperativo que la legislación colombiana exija que la educación flexible forme, ante todo, ciudadanos expuestos al pluralismo”.
El informe no se queda en la advertencia, sino que plantea una hoja de ruta concreta para el país. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Registro obligatorio de estudiantes en educación flexible o homeschoolingEl objetivo es que ningún niño o niña quede en un “espacio invisible” donde un posible maltrato pase desapercibido. Contar con un listado oficial es también una forma de cumplir con la obligación de protección consagrada en el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Evaluación de resultados con enfoque integralLa UNESCO propone que el Estado fiscalice el logro de objetivos educativos mediante pruebas de ciclo o portafolios, con énfasis en habilidades para la vida y no solo en contenidos memorizados. La prioridad, dice el informe, debe ser el aprendizaje integral por encima de la simple asistencia o la rigidez curricular.
- Garantía de pluralismo y vida comunitariaLas familias deberían presentar un programa de estudios que asegure la exposición de los estudiantes a diversas fuentes de información, actividades comunitarias y experiencias sociales. Esto ayuda a mitigar el aislamiento y a fortalecer la tolerancia, la diversidad cultural y la convivencia.
- Fortalecimiento de la capacidad regulatoriaLa UNESCO insiste en que la ley, por sí sola, no basta. Es necesario asignar recursos y formación al personal del Ministerio de Educación para que pueda aplicar las reglas de forma efectiva y no arbitraria. “La ley sin capacidad de ejecución no protege al niño”, resume el Colegio Monterrosales al respaldar estas exigencias.
Hoy en Colombia no existe un registro oficial de cuántos estudiantes están en homeschooling o en modelos flexibles. Las cifras más citadas por medios nacionales hablan de entre 8.000 y 30.000 niñas, niños y adolescentes que estudian desde casa bajo distintos esquemas, pero se trata de estimaciones dispersas y sin consolidación estatal. La propia magnitud del Colegio Monterrosales —con más de 10.000 estudiantes, muchos de ellos con calendarios flexibles— muestra que la realidad va muy por delante de la legislación.
Para la institución, regular este terreno no debe verse solo como un acto de control o restricción, sino como una oportunidad para reconocer formalmente el valor educativo y social de la educación flexible y asegurar que nadie se quede por fuera de la protección estatal.
El mensaje que deja el informe de la UNESCO y el pronunciamiento del Colegio Monterrosales es que el país ya no puede aplazar este debate. Se requiere que el Congreso de la República y el Ministerio de Educación diseñen e implementen, con urgencia, un marco regulatorio que:
- reconozca la educación flexible como una opción legítima,
- establezca salvaguardas claras para la protección de la niñez, y
- evite que el homeschooling se convierta en un territorio sin reglas.
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“Regular el homeschooling no es ir en contra de la libertad de educar —señalan desde el colegio—, sino construir un sistema mixto y complementario en el que la innovación pedagógica conviva con la responsabilidad del Estado y la garantía de derechos”.
En ese punto de equilibrio, entre el derecho de las familias a escoger cómo educar y el deber del Estado de proteger a niñas y niños, se juega una parte clave del futuro de la educación en Colombia.
