Una representante a la Cámara y un senador quedaron a disposición de la justicia tras entregarse en las últimas horas para cumplir una medida de aseguramiento dictada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Conozca los motivos de su captura.
Publicado por: Redacción Nacional
Publicado por: Colprensa
Los reelectos parlamentarios Karen Manrique y Wadith Manzur se entregaron a la justicia en las últimas horas luego de que la Corte Suprema los llamó a juicio junto a otros cuatro políticos por el delito de cohecho impropio.
Los cargos que se endilgan a los políticos se dan presuntamente por recibir millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, a cambio de favorecer al Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Los motivos de las capturas

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema acusó formalmente a Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y al excongresista Juan Diego Muñoz, quien renunció a su curul, por presuntamente haber votado a favor de millonarios empréstitos del Gobierno ante la banca internacional.
El expediente judicial tendría pruebas sobre un presunto desvío de fondos que asciende a los $92.000 millones, escándalo que se destapó en 2024 cuando se revelaron sobrecostos en la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. Lea también: Caso UNGRD: Corte Suprema ordena captura de Wadith Manzur y Karen Manrique
La Corte reveló la existencia de una red para asegurar los votos de las comisiones económicas, una operación que tuvo como autor intelectual al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, actualmente privado de la libertad.
La investigación concluyó que la actuación de Velasco y del santandereano Carlos Ramón González buscó garantizar la aprobación de cupos legislativos a cambio de direccionar la contratación estatal hacia los municipios de Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, utilizando recursos de la UNGRD.

Para materializar el desvío de dineros públicos, los parlamentarios sostuvieron varias reuniones con enlaces del Ministerio de Hacienda y la UNGRD, identificadas como María Alejandra Benavides y Carolina Joya, quienes facilitaron la transacción ilegal. Las mujeres habrían sido las encargadas de definir los montos exactos con los que el Gobierno beneficiaría a los congresistas.
Las pesquisas de la Corte Suprema incluyeron la realización de una prueba grafológica en diciembre de 2024 para determinar si Karen Manrique habría sido quien escribió los nombres de los congresistas beneficiados en una libreta que le habría sido entregada por Olmedo López.
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Las investigaciones también indagaron sobre las reuniones sostenidas entre los legisladores, los exfuncionarios de la UNGRD y el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Cabe decir que, por estos mismos hechos, Bonilla y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, permanecen bajo prisión preventiva desde finales de 2025.
¿Quiénes son los congresistas implicados?

Karen Manrique y Wadith Manzur lograron su reelección en las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo 8 de marzo.
Para el caso de Wadith Manzur, este dio el salto de la Cámara al Senado y se consolidó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador al obtener 134.914 sufragios, triunfo apalancado por alianzas con figuras regionales como el representante Ape Cuello en el Cesar y Juan Loreto Gómez en La Guajira. Le puede interesar: Corte Suprema ratifica juicio contra Iván Name y Andrés Calle por escándalo de la Ungrd
Entretanto, Karen Manrique retuvo su escaño en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca con 5.640 votos, respaldada por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional y diversas estructuras comunales de su departamento, una curul que ahora queda a disposición de las decisiones que adopte el Congreso tras su privación de la libertad.
Así fue la captura de los congresistas

El representante conservador Wadith Manzur acudió al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para entregarse ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), acatando la decisión judicial. A través de su cuenta en la red social X, el congresista señaló que se encuentra sereno frente al proceso y afirmó que tiene “la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”.
Durante su presentación en la sede del ente acusador, el político estuvo acompañado por su abogado, el penalista Luis Carlos Torregrosa. El jurista analizó el documento de la Corte para estructurar los recursos de ley correspondientes.
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Por su parte, la representante de la curul de paz, Karen Manrique, se entregó ante agentes de la Sijín en la estación de Policía del municipio de Tame, en Arauca, unidad encargada de investigar judicialmente los delitos de alto impacto.
El abogado defensor de Manrique rechazó los señalamientos sobre una presunta red de compra de votos en el Congreso y desestimó las acusaciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, advirtiendo que la congresista no buscará beneficios jurídicos porque “no va a aceptar los cargos, no va a confesar”, ya que su equipo legal buscará “demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito” durante el juicio.
La reacción de Petro

Gustavo Petro respondió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura de dos congresistas cercanos a su gobierno y el llamado a juicio a cuatro legisladores más por el mismo caso.
Según Petro, los cupos de contratación que se habrían acordado nunca se concretaron. Por eso, afirmó que “no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno”.
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Para sustentar su afirmación, el mandatario aseguró que durante el gobierno de Andrés Pastrana halló a más de cien congresistas con cupos que llegaron a sumar $250.000 millones del año en 2.000 contratos ejecutados. Vea además: Ya se sabe quién decidirá el futuro de Bonilla y Velasco, exministros detenidos por caso UNGRD
Para el caso de su gobierno, Petro afirmó que prohibió otorgar este tipo de cupos desde su primer consejo de ministros y luego, cuando se descubrió el escándalo de corrupción de Olmedo López en la UNGRD, lo destituyó y ninguno de los proyectos que habían presentado los congresistas a la entidad se ejecutó.
“Este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos sino al servicio del pueblo”, finalizó el mandatario.













