Mientras crecen las dudas sobre las razones del retiro, continúan las denuncias sobre presiones de grupos armados en regiones estratégicas del país.
Las Fuerzas Militares de Colombia amanecieron con una novedad que generó revuelo en los círculos de defensa y seguridad del país. El mayor general Erick Rodríguez Aparicio, uno de los oficiales de mayor trayectoria y con más de 30 años de carrera en la institución, fue separado de sus funciones de manera repentina y quedó en condición de Personal Agregado al Comando del Ejército, conocida institucionalmente como Pace.
Mientras avanza el trámite administrativo para su retiro definitivo. La decisión tomó por sorpresa a buena parte de la cúpula militar y desató un debate que mezcla política, seguridad y libertad de expresión de los uniformados.
Rodríguez Aparicio ocupaba dos de los cargos más sensibles de la estructura operacional de la fuerza pública. Se desempeñaba simultáneamente como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y como jefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, posiciones desde las cuales tenía incidencia directa en la planeación y ejecución de operaciones militares en todo el territorio nacional.
Su hoja de vida incluye, además, el comando de la Tercera División, con jurisdicción en Cauca y Valle del Cauca, y el cargo de segundo comandante del Ejército durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además: Denuncian amenazas contra líderes sociales y políticos en Puerto Wilches: circula panfleto atribuido a las ACSN
Las declaraciones sobre carnetización detonaron la crisis institucional
El origen de su salida, según fuentes consultadas por diferentes medios de comunicación, se remonta a un consejo de seguridad realizado en la Gobernación del Meta junto con la mandataria departamental, Rafaela Cortés.
En ese escenario, el General Rodríguez Aparicio reveló públicamente que las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá estaban adelantando procesos de carnetización forzada de pobladores rurales en los departamentos del Meta y Guaviare, con el propósito de controlar a las comunidades de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
“Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, señaló el general en rueda de prensa. Además: Ordenan bombardeo en Guaviare contra disidencias y recuperan menor reclutado
El oficial también precisó que durante 2026 las tropas habían registrado 217 afectaciones contra esos grupos armados, incluidos bombardeos y golpes a estructuras de mando en ambos departamentos.
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Esas declaraciones, según versiones recogidas por los medios, generaron malestar en el Gobierno nacional, al punto de que desde la Presidencia y el Ministerio de Defensa, a cargo de Pedro Sánchez, se ordenó su salida por considerar que había incurrido en una conducta prohibida para los integrantes de la fuerza pública, la supuesta participación en política.
La gobernadora Cortés complementó la denuncia del general al señalar que el mecanismo de carnetización había mutado hacia una herramienta de presión electoral. Además: Prima de los hermanos Mucutuy murió en combates tras ser reclutada por disidencias
Según su relato, los habitantes de zonas rurales recibían panfletos y exigencias directas para inscribirse bajo las directrices de los grupos armados, con el fin de condicionar su voto en los comicios presidenciales.
Las estructuras señaladas fueron las que responden a alias Calarcá, al frente del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y a alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, ambas con presencia consolidada en los Llanos y la Amazonía colombiana.
El trasfondo de la denuncia ganó todavía más fuerza con la circulación de grabaciones atribuidas a alias Rogelio Benavides, identificado por inteligencia militar como mando subalterno de Calarcá que opera desde el sector de Puerto Cachicamo, en Guaviare.
En los audios difundidos por Noticias RCN, el disidente impartió instrucciones a presidentes de juntas de acción comunal sobre reuniones obligatorias y cobros impuestos a la población, y expresó una preferencia electoral explícita por el candidato Iván Cepeda.
También profirió amenazas directas contra quienes se negaran a acatar sus órdenes. Sobre esos audios, Cepeda rechazó categóricamente cualquier tipo de presión al elector y exigió que los responsables fueran investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.
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Señalamientos cruzados y una polémica decisión pendiente de explicación oficial
La situación del general Rodríguez no es el único elemento polémico que rodea estos hechos. Según fuentes de la institución militar consultadas por Colprensa, el propósito detrás de su retiro sería que el cargo fuera ocupado por el general Olveiro Pérez Mahecha, contra quien recientemente se había ordenado el retiro tras denuncias de haber convertido a sus escoltas en personal de servicio doméstico para su familia.
Uno de los soldados afectados relató en Caracol Radio que, cuando llegó a Bogotá, el general le indicó que debía colaborar con su esposa y estar disponible para lo que ella necesitara. Pese a esa solicitud de retiro, Pérez Mahecha habría continuado en servicio activo y fue visto de uniforme en las instalaciones del Comando Fortaleza, en Bogotá.
La senadora Paloma Valencia reaccionó a través de su cuenta en X y cuestionó la salida del general, sugiriendo que podría estar relacionada con los resultados operacionales que venía obteniendo contra las disidencias.
“¿Será que están sacando al mayor general Erick Rodríguez por estarle dando duro de verdad a las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá? 217 acciones contundentes contra las disidencias en Guaviare y Meta”, escribió la congresista, quien exigió explicaciones al Gobierno.
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¿Será que están sacando al Mayor General Erick Rodríguez por estarle dando duro de verdad a las disidencias de Iván Mordisco y Calarca?
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 4, 2026
217 acciones contundentes contra las disidencias en Guaviare y Meta.
Había denunciando la carnetización ilegal de la ciudadanía y la presión… https://t.co/us5dTsvmW3
El contexto electoral añade otra capa de complejidad al panorama. El 15 de mayo, las disidencias bajo el mando de Calarcá anunciaron una suspensión de operaciones ofensivas contra la fuerza pública entre el 20 de mayo y el 10 de junio, en coincidencia con la jornada electoral.
Frente a eso, las autoridades desplegaron el Plan Democracia 2026, con más de 200.000 integrantes de la fuerza pública, incluidos 130.000 militares y 70.000 policías, para custodiar 13.493 puestos de votación en todo el país.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Gobierno nacional ni las Fuerzas Militares habían entregado una explicación oficial sobre las razones de la salida del general Rodríguez Aparicio, un oficial que era considerado uno de los hombres de mayor confianza del comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López.
