viernes 23 de abril de 2021 - 6:10 PM

La radiografía del paramilitarismo en el Magdalena Medio y la violencia de los Isaza

Ramón Isaza, conocido en el bajo mundo como 'Moncho' o 'El Viejo', se convirtió en el terror de la población del Magdalena Medio, lugar donde lideró las Autodefensas Campesinas, hasta agosto de 2006, cuando empezó su desmovilización.
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Oriundo de Sonsón, Antioquia, y nacido el 30 de noviembre de 1940, el ahora condenado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a no más de ocho años de prisión, se enlistó en las filas del Ejército Nacional para prestar el servicio militar a sus 20 años.

Al culminar su paso por la institución castrense, junto con siete personas, con quien departió el servicio militar, y su hermano Marco Aurelio, decidieron enfrentar los “reductos de la chusma”, que se concentraban en la vereda Clara, región antioqueña. Una vez fueron “eliminados los perturbadores”, el grupo se disolvió.

¿Cómo empezó?

Ramón María, su nombre de pila, decidió dejarse seducir por el mundo del crimen, que lo llevó a ostentar la posición de Comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, años más tarde de que estuviera del lado de los entes legales y negarse a seguir, en 1977, las intenciones subversivas de 'Olimpo', quien para la época era uno de los comandantes de las Farc, en la zona en la que residía.

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Ramón Isaza, tras las negativas que le dio al subversivo, resultó uniéndose como guía del Ejército para adelantar, con varios integrantes de la fuerza pública y otros civiles, operativos de vigilancia y prevención, de ahí que se convirtiera en una persona muy influyente en la región al punto de llegar a ser considerado como líder comunal de la región. Para 1977 se desplazó a uno de los batallones del Ejército, en Bogotá, para pedir bases de la institución en la región antioqueña, sin embargo, una negativa lo llevó a formar su propio grupo.

“Aunque hubo reticencia por parte de los militares para desplegar hombres en las zonas requeridas, estos reiteradamente le insinuaron a Isaza Arango armarse (crear un grupo de seguridad privada) y de manera indirecta estarían dispuestos a apoyarlo en una especie de alianza para reducir la acción insurgente en el territorio”, dice el documento de más de 4000 páginas en el que reposa la condena en su contra.

En la iniciativa, 'Los Escopeteros' fueron los primeros aliados de Isaza. Realizaron labores de vigilancia, registro, control y brindar información a las fuerzas armadas para evitar acciones en contra de la población por parte de las guerrillas que existían en la época.

“Inicialmente los 'Escopeteros' de Ramón Isaza estuvieron conformados por un puñado de campesinos que habían prestado servicio militar. Así mismo, eran auspiciados financieramente por ganaderos, hacendados y madereros de la región amenazados por las Farc, y como ya se dijo, contaba con apoyos militares de integrantes del Ejército Nacional".

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La alianza entre el campesinado, hacendados y la fuerza pública trajo consigo atentados en su contra por parte de las Farc. El primero de ellos, que a juicio de Isaza se convirtió en un cruce de disparos, se perpetró en febrero de 1978 en Las Mercedes, lo que hizo que el grupo del hoy condenado se extendiera a diferentes lugares del departamento de donde es oriundo.

“Los grupos de Escopeteros empezaron a ampliar su radio de acción. Para 1980 Los Escopeteros de Ramón Isaza realizaron operaciones en Las Mercedes, en Puerto Triunfo, el corregimiento El Prodigio de San Luis y vereda Los Delirios, de Puerto Nare Antioquia, mientras que los de 'Mono Celín' se ubicaron en los corregimientos La Danta, Aquitania, en San francisco y San Miguel, en Sonsón, Antioquia”, dice el documento.

Para 1983, el grupo de Isaza junto con miembros del Ejército empezaron a consolidar una zona de contención, es decir, una especie de barrera que impedía el paso de la subversión del oriente antioqueño hacia Santander (Barrancabermeja) y centros poblados ubicados sobre la rivera del Río Magdalena (San Miguel, Puerto Triunfo, Puerto Perales, Estación Cocorná, Puerto Boyacá y Puerto Nare).

Una vez ubicados en esa zona, la disputa, además, de registrarse con las Farc, empezó frontalmente con el Eln, luego de que estos perpetraran la masacre de una familia entera. “Entre 1978 y 1984, 'Los Escopeteros' de Ramón Isaza se caracterizaron por tener una acción defensiva conjunta con el Ejército, dada la precariedad de integrantes de vigilancia privada”.

No obstante, en ese año, dejarían de ser denominados como 'Los Escopeteros' y pasaron a ser las Autodefensas de Boyacá, sin embargo, para esa época, hay que señalar que la promoción de los grupos de seguridad privada en el Magdalena Medio por parte de miembros de la fuerza pública continuaba siendo activa y legal, de ahí que no es casualidad que se gestaran otros grupos de seguridad privada paralelos a los de Ramón Isaza.

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“Los principales centros de coordinación de estos grupos paramilitares se encontraban en el Batallón Bárbula, con sede en Puerto Boyacá; en el Comando Operativo No. 10 del Ejército, ubicado en Cimitarra; los Batallones Luciano D’Elhuyar, localizado en San Vicente de Chucurí; también en los servicios de inteligencia de las unidades tácticas adscritas a la Brigadas V, de Bucaramanga (Santander), y XIV del Ejército, radicada inicialmente en Cimitarra y posteriormente en Puerto Berrío (Antioquia)”, reposa en la providencia.

No obstante, la estructura paramilitar empezó a operar en varios frentes: erradicar el apoyo social de las Farc, de ahí que se dedicaron a asesinar o desplazar a los militantes del Partido Comunista; lanzar operaciones contra sectores de la población que se consideraban simpatizantes de la guerrilla; crear una fuerza de poder de combate con la directa participación del Ejército en el suministro de armamento y la coordinación de patrullajes en la región, implementando un proyecto de organización por medio del reclutamiento ideológico y militar.

Para 1984, un hecho crucial cambió radicalmente la ideología de la organización que lideraba Isaza. Su alianza con Gonzalo y Henry Pérez, quienes buscaban la liberación de su padre que estaba en manos de las Farc, “le implicó al grupo armado ilegal dar un salto cualitativo en términos de formas de organización, operación y cambios en los propósitos operacionales. Igualmente, los repertorios de violencia empezaron a tener otras consecuencias sobre la población civil, así como las técnicas letales que emplearían”.

La labor social de Isaza pasó de protección a asesinatos, no solo a miembros del Eln y las Farc, sino también a miembros del Partido Liberal que no estaban de acuerdo con las operaciones de las autodefensas. “Los repertorios de violencia indican que entre 1984 y 1991 se incrementó el homicidio, teniendo su pico más alto en 1989, junto con el desplazamiento forzado, en cambio, la desaparición forzada tuvo un leve repunte teniendo su punto más alto en 1988”, dice la providencia.

Los delitos mencionados por la Sala de Justicia y Paz son apenas unos de los más significativos en el mundo criminal de Isaza, a quien se le documentan alrededor de 1.130 actuaciones delictivas en contra de la población, tras su paso por el grupo que comenzó con ideología social.

El reclutamiento

Una vez el grupo se convirtió en un actuar ilegal, desde Isaza hasta los Pérez empezaron a idear la manera para acoger gente en la organización, por lo que perfeccionaron varios métodos y técnicas encaminados a la retención de las personas.

La providencia data que el abordaje se realizaba directamente en el lugar de residencia o en el espacio público, por uno o dos paramilitares armados, poniéndola en estado de indefensión. “Valga aclarar que en algunos casos la víctima era traslada al corregimiento de Las Mercedes, a la base paramilitar denominada Omega, donde era presentada a Ramón Isaza, quien decidía si debía acudir a la Isla para realizar trabajos forzados”.

La “isla” era un lugar donde recibían a las personas reclutadas, y era el comandante paramilitar encargado del predio quien les manifestaba la razón de la detención, comunicaba las reglas y, en especial, explicaba los castigos para quienes intentaran huir y procedía a atar de manos a un árbol a los retenidos. Al siguiente día, era la entrega de herramientas de trabajo e insistencia en las condiciones para evitar ser torturado o asesinado.

Cabe mencionar que para estas últimas actuaciones los integrantes del grupo armado usaban grilletes, látigos, suspensión del cuerpo con cadenas, desmembramiento de cuerpos en vista de los retenidos y conducir a las víctimas a hoyos, entre otros.

El patrón de violencia denominado trata de personas en la “isla” fue una modalidad implementada por el grupo ilegal, que buscó imponer una justicia comunitaria coercitiva y de carácter vertical dentro de las comunidades. De ahí que las sociedades que estuvieron bajo control de las autodefensas asumieron una postura marcada entre la obediencia, la disimulación, la resistencia a las normas impuestas y una resocialización que no fue efectiva.

La “isla” se convirtió en un paso obligado, no solo para los adultos apetecidos por los subversivos, sino también para los menores, sobre todo hombres. Por lo que está documentado que para 1991 a 1994, los reclutamientos empiezan a suceder en Doradal y el casco urbano de Puerto Triunfo. “Las víctimas se encuentran entre los 11 y 14 años de edad; la motivación que acreditan los casos, relacionan como justificación de ingreso, el gusto por las armas y el uniforme”.

De acuerdo con lo expuesto en la providencia y lo que dijo Isaza sobre su actuar delictivo, en la mayoría de los casos, recibieron instrucción militar en escuelas de entrenamiento y realizaron tareas de combate e intra filas al igual que los adultos, sin distinción alguna.

Lo que llama la atención es que Isaza empezó este entrenamiento y reclutamiento de menores debido a la guerra que sostuvo con Pablo Escobar y el 'Cartel de Medellín'. De ahí que el “adiestramiento” conservó las prácticas logradas por los hombres de Isaza en las escuelas de Henry Pérez, el cual consistía en una instrucción relacionada con orden cerrado, emboscadas, registro a zona, tomas de objetivos y manejo de armas, entre otros.

Bajo ese entendido, se tiene documentado que entre 1990 y 1994, el reclutamiento ilícito obedeció a un incremento de pie de fuerza, debido a que fue un periodo de “tiempo fundamental” en la lucha contra la subversión y de control territorial y de recursos.

El panorama sobre el reclutamiento, según la providencia, se presentó con más frecuencia en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima. La mayoría de los menores reclutados habían tenido experiencias previas en grupos organizados, mientras que otros fueron llevados con base en engaños.

La tortura

Otro de los patrones en su actuar criminal es la tortura que fomentó Isaza y que quedó documentada en su condena más reciente. Respecto de dicho delito, la Sala analizó casos en los que se identificó dolor o sufrimientos físicos psíquicos, con el fin de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar para advertir al resto de la población de las consecuencias de incurrir en ciertos comportamientos o pertenecer a ciertas identidades, entre otros.

En el conflicto que Isaza sostuvo con Pablo Escobar, el primero llegó cerca a la admisión de que la tortura había sido usada sistemáticamente contra los miembros del grupo rival. Así las cosas, la tortura parece haberse utilizado para identificar a paramilitares que usaban violencia oportunista y esta se usó contra civiles para saber cuáles paramilitares eran, y contra los acusados mismos para que confesaran.

La "Isla" parece haber tenido instalaciones específicas para torturar. Además allí se desarrollaron técnicas específicas como untar a la víctima de miel y después amarrarla desnuda a un palo para que la picaran los insectos. Para la Sala, era un centro punitivo y correccional inhumano, sin embargo, la tortura estuvo más bien desligada del homicidio, precisamente por la naturaleza correccional del sitio.

Por otro lado, la tortura también se registró en los combates, cuando se necesitaba información urgente sobre el enemigo, el grupo paramilitar recurría a la tortura como manera de presionar.

La desaparición

Otro de los delitos que le han reprochado a Isaza es la desaparición forzada, sin embargo, está documentado que para la época de los 'Escopeteros' entre 1977 y 1984, no existen registros de casos de desaparición forzada, pero entre 1985 y 1990, época de subordinación a Henry Pérez, existen datos de seis víctimas, todas ellas de sexo masculino entre los 25 y los 46 años de edad.

La evidencia de la providencia da cuenta que para ese momento, los hombres bajo el mando de Ramón Isaza, sustraían a las personas de su domicilio para desaparecerlas, con la etiqueta de ser presunto auxiliador de la guerrilla. "Es decir, el comportamiento criminal estuvo asociado a política de lucha antisubversiva, en el que solamente una víctima fue lanzada al Rio Magdalena".

Durante el periodo comprendido entre 1991 y 1994, en la guerra con Pablo Escobar, las autodefensas de Isaza cometieron desapariciones forzadas en contra de 11 personas que vivían en Antioquia.

“Esta clase de violencia estuvo dirigida contra personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla, así como delincuentes, abigeos, opositoras a las políticas o integrantes de la misma organización armada ilegal, en una especie de nueva política encaminada a un control social y territorial”, reposa en el documento.

No obstante, la investigación de la Fiscalía da cuenta que entre 1994 y 1999, la desaparición forzada por cuenta de este grupo se incrementó a 63 casos.

"La desaparición forzada se dirigió principalmente contra campesinos en un 30 %, trabajadores informales en un 28 % y comerciantes con un 21 %. De hecho, documentaron que dicha violencia empezó a mostrarse en el oriente de Caldas y el norte del Tolima", dice en los apartes de la condena.

Según la Fiscalía, el sitio de sustracción de las víctimas se dio principalmente en lugares de acceso público con un 60 %, seguido de domicilio con 22 %. En cuanto al lugar donde fueron arrojados los cuerpos, el 60 % es desconocido, mientras que el 33 % fue al Río Madalena y el 7 % inhumado en fosa clandestina en inmediaciones de la hacienda el Japón, en zona rural de la Dorada Caldas.

El relato del ente acusador da cuenta que, para el último periodo, 2000 al 2006, momento en que se fomentó la desmovilización del grupo tuvieron alrededor de 609 víctimas de desaparición forzada de las cuales 325 fue responsabilidad del Frente Omar Isaza, 109 del Frente Central, 101 del Frente Celestino Mantilla, 46 del Frente Isaza Héroes del Prodigio, 24 del Frente José Luis Zuluaga y 4 del Frente Jhon Isaza.

"La violencia se dirigió en 94 % contra hombres; en general las víctimas se concentraron en el sector de trabajo informal con un 34 %, seguido del campesino con un 27 % y comercial con un 10 %. Los lugares específicos de sustracción de las víctimas fueron en espacios de acceso público en un 67 % y su domicilio con un 13 %", dice la providencia.

Estos en otros detalles, son los apartes de la providencia que dejó una condena de ocho años a Isaza. Si bien el exparamilitar cometió un poco más de 1.000 actuaciones delictivas el sistema de Justicia y Paz, que se zanjó para 2006, tras una desmovilización, impuso que quienes se sometieran a la justicia transicional adquirirían una serie de beneficios que perderían si volvían a delinquir.

En el caso de Isaza, la condena en su contra se mantiene en los ochos años, porque posterior a su desmovilización no volvió a delinquir.

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