La Corte Suprema de Justicia pidió tomar las medidas necesarias, para evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad tanto de los empleados de la Rama Judicial como de los manifestantes.
Publicado por: K.D.
A dos días de que la Corte Suprema de Justicia someta a una nueva votación la elección de la próxima Fiscal General de la Nación, el Consejo de Estado le ordenó a la Alcaldía de Bogotá reforzar la seguridad de los alrededores del Palacio de Justicia.
Las medidas "incluirán el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior", detalló el Consejo de Estado.
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El alcalde Carlos Fernando Galán Pachón deberá, además, asegurar "los derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la libertad de locomoción, a la vida, a la seguridad, de los manifestantes pacíficos, del tutelante, de los usuarios de la administración de justicia y de los transeúntes en general".
La exigencia llegó a través de un auto con el que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió una acción de tutela que interpuso Gerardo Antonio Duque Gómez, quien se hizo llamar agente oficioso "de los ciudadanos residentes de la ciudad capital".
El hombre, asimismo, decidió acudir al recurso jurídico en nombre "de niños y niñas, adolescentes que estudian en los Colegios aledaños al Palacio de Justicia" (sic) y en contra de la Presidencia de la República.
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Según el documento, firmado por el expresidente del Consejo Jaime Enrique Rodríguez Navas, Duque Gómez le pidió al alto tribunal ordenarle al presidente "tomar las medidas necesarias" para "restablecer el orden público", afectado por las movilizaciones del 8 de febrero.
Además, como medida provisional, el demandante solicitó que se suspenda la elección de la próxima Fiscal General "hasta que estén garantizados los derechos fundamentales invocados de los ciudadanos y, en especial, de los empleados de la Rama Judicial".
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El magistrado Rodríguez, ponente en el trámite, señaló que comprende "la gravedad" de las protestas a las afueras del edificio Alfonso Reyes Echandía de hace dos semanas. Sin embargo, indicó en el auto, de cinco páginas, que suspender la elección de fiscal "resulta improcedente".
