jueves 10 de junio de 2021 - 12:00 AM

¿Nicaragua, a un paso del autoritarismo?

La ola de detenciones de líderes opositores y aspirantes presidenciales han allanado el camino para una nueva reelección del mandatario Daniel Ortega, quien con sus acciones se está ganando con creces el título de “dictador”.
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Para asegurarse su tercera reelección consecutiva en noviembre próximo, Daniel Ortega viene sacando de la carrera electoral a sus potenciales rivales más peligrosos.

Primero fue Cristiana Chamorro, quien a comienzos de este mes, fue inhabilitada como candidata presidencial y detenida tras ser acusada de lavado de activos y falsedad ideológica por las autoridades judiciales.

La periodista de 67 años e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien precisamente derrotó en las urnas a Ortega hace 31 años cuando parecía que iba a atornillarse en el poder, era la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones del 7 noviembre.

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Otro precandidato, el académico Arturo Cruz, fue detenido el pasado sábado por la Policía, acusado de supuestamente conspirar contra el pueblo nicaragüense.

Le siguieron el activista Félix Maradiaga, y el exviceministro Juan Sebastián Chamorro, quienes fueron arrestados el pasado martes por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Ese mismo día, en horas de la noche, el empresario José Adán Aguerri se convirtió en el quinto opositor en ser capturado en menos de una semana por los mismos cargos.

La situación, que muchos califican de “persecución” y “represión”, vuelve a poner a Nicaragua en el foco de la atención internacional, luego de que en abril de 2018 el país centroamericano viviera en las calles un estallido social desencadenado por la protesta estudiantil contra una impopular reforma al Seguro Social, que fue reprimido por ferocidad por el gobierno sandinista.

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Los más de seis meses de crisis social y manifestaciones opositoras dejaron un trágico saldo de más de 320 muertos, miles de heridos y detenidos, así como decenas de exiliados.

Ahora, tres años después, la realidad muestra, que al parecer, Ortega está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder que ostenta desde 2007.

Ha neutralizado a sus competidores con una ofensiva judicial, le ha restado margen de maniobra a las ONG, nombrado a partidarios en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), excluido partidos y aprobado leyes para criminalizar la disidencia política, incluidos periodistas y políticos.

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El otrora líder de la revolución sandinista, de 75 años, y su esposa Rosario Murillo, conforman el binomio presidencial de Nicaragua. Se ha reelegido dos veces en comicios cuestionados tanto por la oposición como por organismos internacionales.

Sus detractores lo acusan de que haber consolidado todos los poderes del Estado en función de su partido, mientras ha convocado a elecciones que aspiran a brindar la apariencia de legitimidad a su gobierno, limitando las libertades fundamentales, deteriorando la democracia y socavando la institucionalidad.

El panorama sociopolítico de Nicaragua es muy complejo y apunta a que la crisis institucional no solo se profundizará, sino que “el gobierno de Ortega se perfila ya como uno de los más represores y autoritarios del continente”, advierte el experto Juan Carlos Rozo.

En ese orden de ideas, el profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Houston (Estados Unidos), observa que este giro hacia el autoritarismo no es exclusivo de Nicaragua.

Según él, se asemeja a lo que ocurre en muchos países del llamado “surglobal” (Latinoamérica, África, el suroccidente asiático), en los que se ha exacerbado la pobreza, la desigualdad, la falta de representación política real, la tributación represiva, sumado a las múltiples crisis derivadas por la COVID-19.

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Todo esto, en consecuencia, ha erosionado los tejidos sociales y políticos de los países y han puesto en riesgo sus sistemas institucionales, alerta Rozo.

En el caso de Nicaragua, sentencia que el gobierno de Ortega ha enfocado gran parte de su esfuerzo en consolidarse como un único partido, aglutinado en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.

“Por ejemplo, el Congreso eligió a los magistrados del cuerpo electoral nicaragüense y todos los magistrados son del partido de gobierno, lo que atenta claramente contra el sistema de pesos y contrapesos del poder público. Uno de los primeros efectos de esa elección fue la descalificación de dos partidos políticos alternativos”, señala Rozo.

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Un marco de dictadura

Esta opinión es compartida por David Peña, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, quien asegura que Ortega lleva 14 años como jefe de Estado con un control político y militar, ejerciendo o tomando medidas arbitrarias contra los líderes de la oposición y la negación hacia la Iglesia.

En ese contexto, “está atentando contra la movilización y organización de los demás candidatos en un marco de una dictadura que junto con la Vicepresidencia que es su esposa, promueven leyes con las que buscan desprestigiarlos y tildarlos de traidores para limitar o vetar sus campañas políticas”, subraya el experto.

Rozo, anota en ese sentido, que Ortega se ha encargado de reprimir a la oposición con mecanismos judiciales, como sucedió con Cristiana Chamorro y Arturo Cruz.

A los cinco políticos opositores se les arrestó bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Por su parte, Peña apunta que la población de Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina y del Caribe y “estar viviendo nuevamente con una dictadura con el manejo o control de los cuatro poderes del Estado y los municipios a través de su partido FSLN y con sus familiares al mando de la Policía Nacional y el Ejército que le sostienen”, tiene un reto muy grande.

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De allí, que insiste en que la opción es por lo medios democráticos y políticos en principio, “buscar la caída del régimen; de lo contrario, seguirá creciendo el hambre, la desconfianza, la no legitimidad del gobierno y llegará el momento, para que valoren si por los canales políticos y democráticos no funciona, que si se organiza la oposición unida, lidere el cambio y con respaldo internacional”.

Aunque admite que la decisión no es sencilla dentro de la complejidad que viven hoy los nicaragüenses, “pero que deben tener como una alternativa dentro de la libre determinación que tienen los pueblos y que ya ellos, lo vivieron e hicieron uso en el pasado”.

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La presión internacional

Miguel Gomis, profesor de Ciencias Políticas e Internacionales de la Universidad Javeriana, recuerda que la represión no es nueva. Se remonta a 2018, sin embargo, ahora señala que cobra una dimensión electoral al tocar figuras realmente visibles, refiriéndose a la judicialización de candidatos opositores.

En este marco electoral, destaca la incapacidad de la oposición nicaragüense para unificarse y crear un frente común en contra de Daniel Ortega. Es claro, a su juicio, que el gobierno sandinista está usando “la estrategia de dividir para reinar, o actuar de manera cada vez mas represora”.

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Si bien es importante la presión y los cuestionamientos internacionales, Gomis opina que la gran pregunta es quién importa y quién se pronuncia. “El actor más relevante que tendría un efecto mayor sería Estados Unidos, pero ha demostrado, primero con el gobierno de Donald Trump y ahora con el de Joe Biden, que no tiene interés en presionar”, explica.

Las detenciones han generado una ola de críticas a nivel internacional. El Departamento de Estado criticó a Ortega, a quien ha calificado de “dictador”.

No obstante, Washington sancionó ayer a cuatro asesores del presidente Ortega a raíz de los arrestos masivos de políticos opositores.

Además menciona que había cierta expectativa en otros actores como la Unión Europea y los países latinoamericanos, pero reconoce que en estos últimos hay mucha fragmentación de sus gobiernos.

Así las cosas, Gomis es escéptico en que la presión internacional surta efecto, teniendo en cuenta que Ortega ha sido muy hábil en aferrarse en el poder.

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