En Colombia, son un derecho fundamental y un mecanismo legítimo de expresión. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha buscado deslegitimarlas con insultos y descalificaciones. Se ha vuelto común etiquetar a quienes marchan (sin importar sus afinidades políticas) con adjetivos despectivos: “idiotas”, “ignorantes”, “violentos”, “enfermos mentales”, “traidores” o “personas que no aman a su país”.
La democracia participativa tiene distintas expresiones. La más conocida es el voto, a través del cual elegimos a diferentes personas para representar los intereses colectivos. Sin embargo, no es la única. Existen otras herramientas que la Constitución nos ofrece, como el referendo, el plebiscito o la consulta popular, así como mecanismos de participación ciudadana menos conocidos de forma generalizada, pero igualmente poderosos: audiencias públicas, veedurías, organizaciones civiles e incluso, el control social que ejercemos como ciudadanos al exigir cuentas a quienes nos gobiernan.
Entre estas formas de expresión, las movilizaciones sociales pacíficas juegan un papel crucial. En Colombia, son un derecho fundamental y un mecanismo legítimo de expresión. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha buscado deslegitimarlas con insultos y descalificaciones. Se ha vuelto común etiquetar a quienes marchan (sin importar sus afinidades políticas) con adjetivos despectivos: “idiotas”, “ignorantes”, “violentos”, “enfermos mentales”, “traidores” o “personas que no aman a su país”.
Esta narrativa que se difunde por todo tipo de medios no es más que un reflejo del espíritu antidemocrático en aumento de quienes no toleran la diversidad de pensamiento y todos y todas debemos rechazarlo. La participación ciudadana activa no debe ser objeto de estigmatización. Este tipo de participación no debe convertirse en una cacería de brujas, sino considerarse parte de la esencia misma de una sociedad que busca expresarse y a través de este mecanismo mejorar su destino colectivo.
Es preocupante ver llamados de líderes políticos a cancelar contratos de trabajadores por sus afinidades políticas que se vuelven virales y reciben gran eco. Acciones que no solo buscan castigar a quienes piensan distinto, sino, además, socavar la dignidad de estas personas. En un país cuyo tejido social ya está fracturado, esta dinámica no solo genera más odio, polarización e intolerancia, sino que, además, profundiza nuestra división.
Es hora de recuperar la razón y el debate argumentado. No con insultos y violencia política, sino con educación, datos contundentes y análisis crítico. Si parece que los argumentos caen en el vacío, exijamos que desde la educación se fortalezca el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la discusión basada en hechos. Hagamos pedagogía. Dialoguemos con respeto y ayudemos a bajar el tono en los espacios que compartimos. Si no es posible llegar a nuevas y mejores conclusiones a través del diálogo y el debate, al menos asegurémonos de que el disenso se exprese con altura, sin degradar al otro ni cerrar las puertas a la construcción de un país más democrático e incluyente.
