La seguridad es una prioridad, sin duda. Pero antes de meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos, se requiere sensatez: revisar, modular, focalizar y, sobre todo, demostrar que se han agotado todas las alternativas posibles.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha propuesto una tasa para financiar la seguridad departamental, que se cobraría a través de la factura de energía eléctrica. Aunque legal, la medida es socialmente injusta, económicamente regresiva y técnicamente débil. Su impacto sería devastador para hogares y sectores productivos que ya enfrentan altos costos, baja capacidad adquisitiva y una presión tributaria cada vez más asfixiante.
Es cierto que las transferencias del gobierno Petro han sido mínimas. En materia de seguridad, el apoyo presupuestal ha sido prácticamente nulo, dejando a mandatarios locales y departamentales con las manos atadas frente a un fenómeno creciente. La urgencia es real: sin recursos, no hay capacidad operativa, no hay pie de fuerza, no hay inversión en tecnología ni prevención del delito. Pero cargarle ese peso directamente a las familias y a las empresas, sin agotar antes otras opciones, no es la salida adecuada ni sostenible.
De acuerdo con el Comité Intergremial, este cobro afectaría gravemente al comercio, la industria y los servicios. No es lo mismo gravar una planta de producción que un consultorio médico o una tienda de barrio. El diseño de la medida desconoce las particularidades del tejido empresarial del departamento y amenaza con restar competitividad y empleo en un momento de incertidumbre económica.
En esa misma línea, el ex Viceministro de Desarrollo Empresarial, Carlos Andrés de Hart advirtió que este impuesto no contempla las realidades específicas de cada empresa y, además, señaló que la Gobernación tiene muy pocas facultades para impactar verdaderamente en temas de seguridad, función que corresponde casi en su totalidad al Gobierno nacional. No se puede usar la inseguridad como excusa para imponer tributos sin claridad sobre su alcance, efectividad, ejecución ni control ciudadano.
Además, la Asamblea Departamental ya le aprobó al gobernador un empréstito por $330.000 millones. ¿No debería, entonces, priorizarse allí el fortalecimiento de la seguridad? También debe revisarse el uso de los recursos del Sistema General de Regalías, así como la posibilidad de reducir burocracia, optimizar la gestión pública y mejorar la eficiencia del gasto antes de imponerle nuevas cargas al ciudadano.
Mientras tanto, en zonas como Barrancabermeja, Puerto Wilches o Cimitarra, los hogares pagan facturas de energía que superan los $2 millones mensuales. En esas condiciones, cualquier cargo adicional resulta impagable e insostenible.
La seguridad es una prioridad, sin duda. Pero antes de meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos, se requiere sensatez: revisar, modular, focalizar y, sobre todo, demostrar que se han agotado todas las alternativas posibles. La gente no aguanta más. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, sí, pero con rigor técnico y, ante todo, con sentido de justicia.
