La fórmula actual concentra el poder en las grandes ciudades. Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico copan buena parte del Senado. No porque tengan mejores propuestas, sino porque tienen más votos y dinero.
Colombia es un país profundamente regional, pero su Congreso es cada vez más centralista. Desde 1991, los senadores se eligen por circunscripción nacional con la idea —en teoría loable— de construir una visión unificada de país. Pero más de treinta años después, los resultados muestran una realidad muy distinta: regiones sin representación, líderes desconectados del territorio y campañas que solo pueden pagar quienes tienen chequera o maquinaria.
Volver al Senado departamental no es retroceder. Es reconocer que la representación territorial directa es esencial para una democracia funcional y legítima. Hoy, más de 10 departamentos no logran elegir un solo senador. Eso no solo es una injusticia política, es un vacío democrático que mina la confianza en las instituciones. ¿Cómo pueden regiones como Vaupés, Guainía o el Amazonas influir en las leyes si ni siquiera tienen una silla en la Cámara alta?
La fórmula actual concentra el poder en las grandes ciudades. Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico copan buena parte del Senado. No porque tengan mejores propuestas, sino porque tienen más votos y dinero. El caso de Cundinamarca lo ilustra: aunque Bogotá es su capital, los bogotanos no pueden votar por los representantes de Cundinamarca porque terminarían eligiéndolos todos, desplazando a los líderes departamentales. ¿Por qué no aplicar esa lógica en el Senado?
El diseño actual, además, ha convertido al Senado en una pasarela de influenciadores políticos: mucho show, mucha polémica nacional, pero poca propuesta real y menos compromiso con las regiones. Hoy es más rentable buscar “likes” que defender el agua en La Guajira o la conectividad en el Pacífico.
Reinstaurar el Senado departamental permitiría que cada territorio eligiera directamente a sus parlamentarios, como ocurre en muchas democracias serias del mundo. Se garantizaría que todas las voces —desde el Caribe hasta el Amazonas— tengan espacio en el debate nacional. Además, se reducirían los costos de campaña: no habría que hacer proselitismo en todo el país, sino concentrarse en las necesidades reales de cada región. Eso abriría las puertas a nuevos liderazgos sociales, comunitarios y juveniles, hoy excluidos por el poder económico de las élites políticas tradicionales.
Eso sí: no se trata de eliminar la circunscripción nacional. Debe mantenerse, pero con menos escaños, reservados para liderazgos auténticos con propuestas sólidas de país, no para quienes solo tienen más recursos para financiar campañas.
El Congreso actual no está diseñado para construir país desde las regiones. Y mientras las regiones no tengan voz propia en el Senado, seguirán siendo ignoradas en las grandes decisiones políticas. Volver al Senado departamental no es solo una reforma constitucional necesaria: es una deuda histórica y un paso impostergable hacia una democracia realmente incluyente, participativa y representativa.
