Las condiciones actuales no invitan a invertir: impera la incertidumbre jurídica, operativa y social, en un país donde la confianza institucional se diluye cada día.
Mientras la política se enreda en narrativas y una consulta popular que distrae de lo urgente, los datos del sector de hidrocarburos en 2024 gritan una verdad incómoda: estamos perdiendo el pulso. La inversión extranjera directa en petróleo cayó un 26,8%; las exportaciones bajaron un 5,1%; la perforación de pozos exploratorios se redujo en un 33,3%; y la producción nacional se mantiene apenas gracias a cuatro campos que concentran más del 50% de la actividad. Lo que fue motor de desarrollo hoy se oxida por falta de visión y exceso de ideología.
El panorama revela una industria que se apaga mientras el Gobierno prefiere ignorar las alertas. La conflictividad social alcanzó niveles insostenibles —más de 1.300 bloqueos en 2024— y los taladros activos cayeron un 31%. Las condiciones actuales no invitan a invertir: impera la incertidumbre jurídica, operativa y social, en un país donde la confianza institucional se diluye cada día.
A esto se suma una preocupante desinstitucionalización. Existen 35 contratos suspendidos, con causas que van desde conflictos sociales hasta trámites ambientales represados. El orden público está deteriorado, los secuestros y atentados contra la infraestructura energética crecen, y muchas regiones —Arauca, el Magdalena Medio, el Catatumbo, Meta, Casanare— sobreviven con escasa acción del Estado, mientras los grupos ilegales operan con total libertad. Las empresas enfrentan extorsiones, bloqueos arbitrarios y chantajes en algunos casos disfrazados de protestas sociales, sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Lo más grave es la distancia entre el discurso y la realidad. Se insiste en una transición energética improvisada, sin hoja de ruta ni alternativas sólidas para reemplazar lo que hoy sostenemos. Se desmantela la industria sin tener cómo sustituirla, se sacrifican regalías y también miles de empleos formales que sostienen familias y economías locales. La transición no puede hacerse a costa del trabajo de quienes hoy dependen directamente de esta cadena productiva.
Colombia no puede prescindir de su principal fuente de ingresos externos ni de los recursos que financian a cientos de municipios. Esta no es una discusión técnica, sino una crisis política con consecuencias económicas y sociales de gran calado. El país necesita reglas claras, seguridad para operar, diálogo real con las comunidades y una política energética seria, pragmática y responsable.
Este no es el momento de señalar culpables, ni de dividir al país entre buenos y malos, ricos o pobres. Es momento de actuar con responsabilidad, de construir sobre lo que tenemos, de proteger lo que aún funciona. Porque al final, más allá de cifras y contratos, lo que está en juego es la capacidad de cuidar a Colombia, su gente y su trabajo, con decisiones sensatas y visión de futuro. El país lo merece, y nosotros también.
