La situación se agrava si se considera la realidad financiera actual. Ecopetrol reporta caídas en ingresos superiores a $10 billones, una reducción del 21,7% en utilidades, desplome en su acción y un recorte del 55% en la actividad de perforación.
La DIAN le ha exigido a Ecopetrol el pago de $9,4 billones de pesos por concepto de IVA sobre importaciones realizadas entre 2022 y 2024. Esta decisión, inédita por su forma y peligrosa por sus consecuencias, equivale a cerca del 90% de las utilidades anuales de la compañía. El cobro compromete su liquidez, su capacidad de inversión y la estabilidad financiera de la empresa más estratégica del Estado colombiano.
Este acto administrativo, sustentado en una interpretación interna del Estatuto Tributario, ha sido duramente cuestionado por la Unión Sindical Obrera (USO), que lo califica como una “reforma tributaria individual”, impuesta sin pasar por el Congreso. El sindicato advierte que, si esta lógica se extiende al diésel, la deuda podría ascender a $21 billones, afectando los planes de exploración, la transición energética y el cumplimiento de compromisos con contratistas y empleados.
La situación se agrava si se considera la realidad financiera actual. Ecopetrol reporta caídas en ingresos superiores a $10 billones, una reducción del 21,7% en utilidades, desplome en su acción y un recorte del 55% en la actividad de perforación. A esto se suma el desincentivo estructural a la exploración, resultado de decisiones ideológicas del Gobierno. Las señales son alarmantes: se está debilitando una empresa clave, no por criterios técnicos, sino por conveniencia fiscal.
Este nuevo golpe profundiza un proceso de debilitamiento ya en marcha. El trasfondo fiscal es claro: una necesidad urgente de recaudo que, ante la imposibilidad de nuevas reformas, termina recayendo sobre una empresa pública que ha sido motor económico durante décadas.
En Santander y el Magdalena Medio, el impacto es directo. En el primer trimestre de 2024, Ecopetrol generó más de 19.000 empleos a través de contratistas en la Regional Central, con 100% de mano de obra no calificada y 80% calificada proveniente de la región. Solo en Barrancabermeja se vincularon más de 9.100 trabajadores. Además, entre 2023 y 2024, Ecopetrol invirtió más de $72.000 millones en proyectos sociales en municipios como Puerto Wilches, Sabana de Torres y Yondó, y más de $118.000 millones en infraestructura y educación en Barrancabermeja.
El impacto será profundo en municipios productores, finanzas territoriales, programas financiados con regalías y estabilidad energética. También lo será para los accionistas minoritarios, los ahorradores en fondos voluntarios de pensión, y los más de 15 millones de colombianos que tienen parte de su patrimonio invertido en Ecopetrol.
Están asfixiando a la gallina de los huevos de oro para tapar el hueco fiscal. No por ignorancia, sino por cálculo. Y eso, para Santander y para Colombia, es aún más grave.
