En una ciudad como Bucaramanga, donde las tensiones entre crecimiento urbano, desigualdad y acceso a derechos básicos son cada vez más evidentes, la formulación de políticas públicas no puede ser un ejercicio técnico aislado. Debe ser, ante todo, un proceso profundamente humano, participativo y transformador. Hoy, la ciudad da pasos firmes en esa dirección.
La formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat y la Política Pública de Legalización de Asentamientos Humanos representa un hito en la historia reciente de la ciudad. No solo por su contenido, sino por su método: un proceso serio, metódico, participativo, territorializado y con enfoque de derechos humanos.
Estas políticas reconocen que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho fundamental que se entrelaza con otros derechos esenciales: al agua potable, al saneamiento básico, a la salud, a la educación, a la movilidad, a la seguridad jurídica sobre la tierra y, sobre todo, al territorio y a la ciudad. También reconocen que no todas las personas viven la ciudad de la misma manera, por lo que incorporará enfoques diferenciales, de género, de niñez y juventud, de víctimas del conflicto armado y de diversidad sexual.
La articulación entre ambas políticas es clave. No puede haber una política de vivienda efectiva si no se reconoce la existencia de asentamientos informales y se trabaja por su legalización. Y no puede haber legalización sin una visión integral del hábitat, que incluya servicios, equipamientos, espacio público y sostenibilidad ambiental. Esta articulación permitirá que Bucaramanga crezca de manera ordenada, justa y digna, evitando la expansión urbana descontrolada que perpetúa la exclusión.
Además de estas dos políticas, Bucaramanga avanza en otras apuestas estratégicas, pero lo que realmente nos debe preocupar es que Bucaramanga, la Señora, no es el Distrito Especial de Real de Minas que debería incorporar a Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija.
En la Bucaramanga metropolitana el camino es fortalecer la participación comunitaria, garantizar la seguridad jurídica, prevenir desalojos forzosos, articular con el ordenamiento territorial, promover la construcción de paz y asegurar la adaptación al cambio climático. Estas no son sugerencias técnicas: son principios éticos y democráticos que deben guiar toda política pública.
Bucaramanga, con la guía de la Universidad Pontificia Bolivariana, está demostrando que es posible construir ciudad desde el diálogo, la inclusión y la justicia social. Que las políticas públicas no son solo documentos, sino herramientas para transformar vidas y territorios. Y que cuando se construyen con la gente, desde los territorios y con enfoque de derechos, se convierten en verdaderos pactos sociales por el bienestar colectivo.
