“La seguridad ciudadana es un concepto amplio que va más allá de la simple reducción de delito. Implica un entorno seguro y justo para los ciudadanos, basado en el respeto a los derechos humanos, la colaboración entre diversos actores y la participación de la sociedad civil”. Así define la IA este bien público fundamental para una vida productiva y tranquila.
La base de la solución, como en casi todos los problemas, es abordar las causas. Desafortunadamente nos está costando mucho trabajo agendar el problema público común y enfrentar los delitos que escalan y avanzan en la pirámide de los crímenes mayores. ¿Hasta dónde la causa probable radica en pobreza y desigualdad? ¿Podríamos decir que la opción es construir una estrategia pública social más intensa y convocar la filantropía y la responsabilidad social? Eso, sin duda, es parte de las acciones en mora, porque siempre será necesario reducir la desigualdad en nuestro país, pero el tema va más allá, estamos frente a la pérdida profunda de valores y la insuficiencia de la justicia para imponer penas que sean realmente ejemplarizantes.
Homicidios por “ajuste de cuentas” del narcotráfico, es una de las explicaciones de las autoridades. Y los ciudadanos quedamos atónitos. Llega entonces la Policía Militar para ayudar a controlar las comunas 1, 2, 14 y 15. Ojalá eso ayude a identificar las bandas que encuentran en Bucaramanga su sitio de actividad y/o escondite. Ojalá eso genere una restricción para la convocatoria de jóvenes locales, ávidos de oportunidades y con profundos reclamos sociales. Ojalá eso aleje a los mandos medios y cabecillas que sabemos que encuentran en la ciudad un sitio “tranquilo” para disfrutar los réditos de su actuar delictivo.
Pero en el fondo, sabemos que la herida es más profunda y esta exacerbada por la dificultad en la administración de justicia. En los barrios de Bucaramanga los vecinos saben dónde están las ollas y quienes son los jíbaros. Sus familias y sus amigos los cuidan, los demás les temen. Quienes promueven el control son estigmatizados como “sapos” y sufren las consecuencias. Muchas voces expresan su frustración ante tantos obstáculos para recuperar la tranquilidad ciudadana y privilegiar el empleo digno y la educación de calidad.
Si no hay sanción, no habrá opción de enmienda. No puede normalizarse el bajo castigo y menos aún entenderlo como parte de la “carrera” que otorga mayor nivel en la organización delictiva. La autoridad y la justicia siempre deben liderar, sin que estemos exentos de contribuir como sociedad en la atención de causas sociales de quienes claman por nuestra solidaridad. El bien público implica una respuesta conjunta social e institucional que deberíamos enfrentar con la mayor celeridad.
