El peaje La Punta, símbolo de abandono, puede convertirse en espacio de justicia, participación y dignidad comunitaria.
El conflicto social en torno al peaje La Punta exige una lectura clara y diferenciada de sus múltiples capas. Durante dos décadas, la concesión a Construvicol S.A. dejó una estela de inconformidades: deterioro vial, ausencia de servicios básicos y falta de rendición de cuentas. Hoy, bajo la administración del IDESAN, persisten las críticas, pero también surgen nuevas exigencias y compromisos.
Los reclamos legítimos sobre el pasado se entrelazan con las falencias del presente, generando una narrativa confusa que dificulta el consenso. Aunque la administración pública es una sola, continua y permanente, es necesario distinguir entre los períodos de gestión para avanzar. Las memorias de malas experiencias, los resentimientos acumulados y la exigencia de claridad sobre el contrato anterior son válidos, pero si no se canalizan adecuadamente, pueden bloquear las soluciones actuales.
Desambiguar las problemáticas implica separar los reclamos históricos de las oportunidades presentes. La comunidad tiene derecho a exigir transparencia, servicios dignos y participación real, pero también las nuevas autoridades deben responder con hechos, no con discursos.
La protesta social, lejos de ser criminalizada, debe entenderse como una herramienta legítima para exigir derechos. Pero también debe estar acompañada de procesos de diálogo, pedagogía jurídica y construcción de confianza.
El futuro del peaje La Punta depende de nuestra capacidad colectiva para transformar el conflicto en oportunidad. Para ello, se requiere claridad sobre los contratos anteriores y actuales, rendición de cuentas diferenciada por períodos, participación comunitaria en la toma de decisiones, servicios operativos garantizados y supervisados, redistribución del recaudo hacia las vías rurales, fortalecimiento del control social y veedurías ciudadanas, y una representación democrática real y suficiente.
Solo desambiguando podremos avanzar. Mientras no se distingan con claridad las responsabilidades del pasado y las acciones del presente, seguiremos atrapados en un ciclo de desconfianza y estancamiento. Reconocer las heridas del pasado no es un obstáculo, sino un paso necesario para sanar. Si esas memorias se convierten en herramientas de exigencia y no en barreras para el diálogo, pueden ser el punto de partida para una transformación real.
Las posibilidades del presente están en construir un modelo de gestión vial que respete los derechos humanos, garantice servicios esenciales y dignifique a las comunidades rurales. Esto implica pasar del reclamo a la propuesta, del señalamiento a la corresponsabilidad, del conflicto a la concertación.
También es necesario cambiar el lenguaje. Mermar la dureza del discurso y abrir espacios de escucha puede ayudar a reconstruir la confianza. Porque, al final, también se trata de volver a creer.
