En este espacio hace quince días había advertido de un decreto que alista el gobierno para revivir el desacreditado IDEMA, pues en su afán de estatizarlo todo se pretende que el Ministerio de Agricultura asuma funciones que requieren de unas capacidades técnicas con las que hoy no cuenta la entidad.
A ello se suma la seguidilla de resoluciones decretando ZPPAs y APPAs a lo largo y ancho de la geografía nacional, la más reciente de ellas, la declaratoria de una ZPPA en San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí en el departamento de Santander, a la cual me referiré en una próxima columna, y que sin duda traerá incertidumbres jurídicas y económicas no solo a los productores de alimentos sino a los demás actores productivos en esos dos municipios.
A la plétora regulatoria del minagricultura, se le suma una nueva: un decretazo donde interviene en asuntos que son de la competencia de los gremios privados que administran los Fondos Parafiscales Agropecuarios -FPAs. El decretazo interviene en las elecciones de los miembros de las juntas directivas de los FPAs, en la composición de dichos órganos de dirección e incluso incorpora de manera obligatoria temas de discusión en la agenda de las
sesiones de junta.
El decretazo ignora que la composición de las juntas de los FPAs está establecida en las leyes que los crearon con lo cual estaría excediendo la potestad reglamentaria del ministerio, pues interviene en un asunto de la competencia exclusiva de los gremios administradores. La norma obliga a que las juntas sean paritarias, con enfoque diferencial y que sus miembros representen a todas las regiones productoras donde se recauda la contribución parafiscal. También obliga a que en cada sesión de junta y como punto “forzoso” de discusión se haga un balance social y ambiental de la administración del fondo en temas de género, víctimas del conflicto, jóvenes y pequeños productores.
Y lo que es más grave, el decretazo obliga a que los sectores “subrepresentados” ocupen el 20% de las sillas y les otorga un poder de veto sobre las decisiones de inversión de los recursos parafiscales. Como si no fuera suficiente el poder de veto que ya tiene el minhacienda en el caso del Fondo Nacional del Café o el minagricultura en los otros FPAs.
Con el decretazo el gobierno y su ministra de agricultura buscan tomarse los FPAs a través de la elección y composición de sus juntas directivas, buscar la focalización de los recursos parafiscales en áreas y asuntos no contemplados en sus respectivas leyes y de paso, menoscabar la gobernanza de los gremios que los administran. Esta es otra intentona, otra bajeza contra la iniciativa gremial.
