La historia reciente de Colombia tiene un ciclo que se repite: la oposición de turno despotrica contra la reforma tributaria del gobierno de turno, promete que jamás hará lo mismo y, cuando llega al poder, termina presentando una aún más ambiciosa y dolorosa. Ese libreto lo estamos viendo otra vez.
Hace apenas unos años, Gustavo Petro y su bancada lideraban las calles contra una reforma que buscaba recaudar 20 billones de pesos. Las consignas hablaban de hambre, injusticia, desigualdad. Hoy, con Petro en el poder, su ministro de Hacienda presenta una reforma de 26 billones, la más grande en la historia del país, y pretende convencer a los mismos que marchaban que ahora sí es justa y necesaria.
El problema no es solo la magnitud del recaudo, sino a quién golpea. El proyecto carga con impuestos a la cerveza, los conciertos, las apuestas, Netflix, el turismo y la gasolina. Son rubros que afectan directamente a la clase media, a los jóvenes, a los trabajadores que buscan un respiro en el entretenimiento o en la movilidad diaria. Se castiga la vida cotidiana mientras se promete que la canasta básica quedará intacta. Es decir: no tocan el arroz ni los fríjoles, pero sí la cerveza del fin de semana, la entrada al estadio, el plan con los hijos frente a una pantalla, o el tanque de gasolina que permite llegar al trabajo.
La paradoja es cruel. Lo que antes era un símbolo de abuso hoy se presenta como un acto de justicia fiscal. Pero detrás de los discursos sobre equidad se esconde una realidad política: el gobierno necesita caja, necesita comprar tiempo, necesita sostener un proyecto de poder que cada día se desgasta más. Y para lograrlo no duda en echar mano del bolsillo de quienes menos margen tienen.
Mientras tanto, los sectores más ricos saben cómo moverse: trasladan inversiones, buscan vacíos legales, protegen su capital en el exterior. La clase alta esquiva el golpe. La clase baja recibe subsidios mínimos que apenas alivian la carga. Y la clase media, esa que paga impuestos sin tener privilegios, es la que termina cargando con la tributaria del olvido, viendo cómo sus esfuerzos se diluyen en un sistema que premia la viveza y castiga la disciplina.
La incoherencia política de quienes ayer denunciaban y hoy imponen deja una lección amarga: en Colombia, las reformas tributarias no son un asunto de justicia social, sino de conveniencia política. Y esa conveniencia, una vez más, se impondrá sobre la vida de millones de familias, sobre la tranquilidad de los hogares y la confianza de los ciudadanos en su democracia.
Porque al final, lo que esta tributaria revela no es un proyecto de país, sino un proyecto de supervivencia en el poder.
