Trataré de explicar en esta columna, de la manera más sencilla, lo que ocurre en el municipio de Girón a partir de un acuerdo del Concejo. Imaginemos que, repentinamente, su parque favorito amaneció en venta. No es una escena de ficción ni mucho menos, es la realidad que se vive tras la expedición del Acuerdo 050 de 2025, por medio del cual el Concejo municipal autorizó al alcalde para desafectar bienes de uso público y enajenarlos. Dicho en palabras simples: el Concejo dio el visto bueno para que algunos espacios que hoy son de todos dejen de serlo y queden listos para ser vendidos.
La figura de la desafectación es jurídica pero muy concreta: es el acto por el cual un bien deja de estar destinado al uso común —calles, parques, zonas verdes— y se convierte en un bien que llamaremos “particular”. Y ahí empieza el primer problema: la ley es clarísima en advertir que el espacio público “no podrá ser reducido salvo que se sustituya por otro de iguales o mejores características”. La Constitución también lo respalda en su artículo 82, que obliga al Estado a velar por la protección e integridad del espacio público. En lenguaje sencillo: si se quita un parque, debe aparecer otro igual o mejor, y no en diez años, sino de manera simultánea.
El Acuerdo 050 menciona la “sustitución equivalente”, lo cual es positivo, pero deja muchas preguntas abiertas: ¿dónde estarán esas nuevas áreas?, ¿quién certifica que son equivalentes?, ¿se garantizará el acceso y la localización adecuada o terminaremos con zonas verdes perdidas en la periferia mientras el casco urbano se densifica? Más aún, no hay mención clara de estudios técnicos, avalúos comerciales ni de la participación ciudadana que exige la Ley en temas de uso del suelo.
Y aquí entra la parte incómoda: estas autorizaciones, si no se controlan, son la puerta trasera perfecta para lo que se conoce como “volteo de tierras”. Girón vive una presión inmobiliaria enorme; suelo escaso, valorización acelerada y apetitos privados de urbanizar. Una desafectación sin controles puede terminar siendo un negocio redondo para unos pocos y una pérdida irreversible para la ciudad.
Lo que está en juego no es solo un lote, es un modelo de ciudad. Los concejales y el alcalde tienen la obligación de publicar los estudios, explicar los planes de sustitución y abrir espacios de veeduría ciudadana. La transparencia no es opcional sino la única garantía de que el patrimonio público no termine en manos de quienes saben mover mejor las fichas del poder. Girón debe decidir si quiere ser una ciudad que cuida su espacio público o una que lo negocia al mejor postor. Más allá de parques, lotes o cualquier otro espacio, la veeduría brilla por su ausencia no solo en este tema sino en otros asuntos relevantes de ciudad.
