Nuevamente, como si fuera deporte nacional, surge la cultura nacional de saltar la cerca sin romper el alambre en busca de ventajas o provechos personales, que es lo que bien resume el refrán “hecha la ley, hecha la trampa”. La protagonista es la Ley de Garantías, concebida como muro de contención para prevenir que el presupuesto público se convirtiera en el botín de las campañas electorales; hoy es la rampa de lanzamiento.
Cada cuatro años, antes de comenzar los cuatro meses previos a las elecciones, las administraciones, desde la Casa de Nariño hasta el municipio más escondido del país, sufren de un ataque de eficiencia. Se vuelven tan laboriosos que hasta los festivos se declaran hábiles con tal de poder firmar lo que sea. El resultado da escalofrío: más de 544.000 contratos suscritos a las carreras, sumando una cifra astronómica de 37 billones de pesos.
Para dimensionar el tamaño del descaro: dicha cifra supera cuatro veces los 8 billones de impuestos que el Gobierno aspira recaudar con la nueva Emergencia Económica para superar la crisis del invierno de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cesar, Chocó y La Guajira. Estado de excepción que dejó por fuera a Santander, a pesar de que en lugares como Lebrija (vereda Vanegas), Sabana de Torres (corregimiento de provincia) y Rionegro (Papayal), la lluvia afectó a muchas familias dejándolas sin hogar. Omisión de la cual los partidos de gobierno guardan silencio, mientas piden el voto a los santandereanos. Si hay plata para derrochar, ¿para qué carajos más impuestos? ¿Para asegurar la curul de los hijos, cónyuges, hermanos, hasta excuñadas, como se ve en el departamento?
Esa ingeniería de favorecimiento que brilló en el gobierno nacional, en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, genera un contraste: mientras muchas personas y animales nadan en el lodo por la negligencia administrativa, otros bucean en la mermelada para hacer política. Y, mientras tanto, ¿qué hacen los órganos de control? Se portan como en la canción de Shakira: sordos, ciegos y mudos. Inician investigaciones para la foto, pero nunca las terminan.
Lo lamentable es que nuestra sociedad ha terminado por aplaudir al “vivo”. Al funcionario que ferió la nómina lo llaman hábil; al honesto que respetó la ley, lo tildan de inútil. Consideramos normal que el tesoro público sea la caja menor de los políticos. Ya no causa ningún temor direccionar los contratos en beneficio propio.
En algún momento, el miedo a la cárcel deberá ganarle a la ambición de poder. Pero ese día no llegará por decreto, sino por el voto. Estamos a tiempo: debemos elegir a quien entienda que el presupuesto no es una piñata para repartir entre parientes, sino el escudo que proteja a los más vulnerables. Empecemos ahora.
