Uno de los grandes saltos en la evolución de la humanidad ocurrió cuando el homo habilis comenzó a fabricar herramientas para facilitar su trabajo. Esta decisión marcó el inicio de un proceso de transformación que nos permitió cultivar, construir, protegernos y avanzar. En algún momento apareció el primer cuchillo. Hoy lo usamos para cortar alimentos, preparar una buena receta, tallar madera, realizar procedimientos quirúrgicos y hasta para rescatar a alguien atrapado en una emergencia. Fue creado para hacer cortes suaves y precisos, para facilitar la vida.
Pero, como en todo, hay quienes deciden utilizarlo para hacer daño. El mismo cuchillo puede servir para amenazar, herir o matar. Y, sin embargo, nadie en su sano juicio concluye que el problema es el cuchillo. El problema es quien lo empuña con intención criminal.
Algo similar ocurre en el ámbito de lo público. Hubo un momento en que el Estado no tenía la capacidad financiera suficiente para ejecutar las inversiones que requería el país en infraestructura, servicios o equipamientos. Para resolver ese déficit, se diseñaron herramientas que permitieran asociar capital público y privado. Así nacieron las concesiones viales, las alianzas público-privadas, los fondos mixtos y las empresas de economía mixta. El propósito era claro. Garantizar obligaciones públicas aprovechando la versatilidad, el músculo financiero, la eficiencia y la capacidad de ejecución del sector privado.
Estas figuras no surgieron para robar. Surgieron para cerrar brechas, acelerar proyectos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Han permitido construir carreteras, aeropuertos, hospitales y sistemas de servicios públicos que de otra manera habrían tardado décadas en ejecutarse.
Lamentablemente, en Colombia hemos adoptado la costumbre de culpar a la herramienta cuando algunos la utilizan para delinquir. Criticar los esquemas asociativos entre el sector público y el privado por el mal uso que ciertos actores les han dado es una reacción cómoda pero equivocada. Es como culpar al cuchillo por el actuar del asesino.
Conviene recordar, además, que muchos de los grandes desfalcos en obras públicas han ocurrido dentro de procesos formales, publicados en el SECOP y tramitados bajo la Ley 80. El problema no siempre es la figura jurídica. El problema es la intención de quienes manipulan el proceso, direccionan contratos y traicionan la confianza pública. Y en esos casos, tan responsable es quien paga sobornos como quien los recibe.
Nuestra sociedad enfrenta un problema más profundo que el diseño de sus herramientas. Es un problema de valores. Si no somos capaces de formar ciudadanos íntegros, ningún esquema contractual será suficiente.
En lugar de destruir instrumentos útiles, deberíamos concentrarnos en fortalecer la transparencia, mejorar los controles y, sobre todo, en no criar más bandidos. La culpa no la tiene el cuchillo.
