Lo que ha ocurrido en Santander durante los últimos días es una alerta que no podemos minimizar ni normalizar.
El paro de campesinos, originado por el aumento en el avalúo catastral y, a su vez, del impuesto predial, pone sobre la mesa una discusión muy importante. Hay preocupaciones reales en el campo que deben ser escuchadas y atendidas. No podemos desconocer las dificultades que enfrentan quienes hoy sienten que las decisiones los están afectando directamente. Pero, al mismo tiempo, lo que estamos viviendo como departamento es profundamente preocupante.
Los bloqueos ya están generando pérdidas cercanas a los 120.000 millones de pesos diarios. Es una señal clara de que el impacto dejó de ser a un sector para convertirse en una afectación estructural que compromete la economía, el abastecimiento y la estabilidad de todo el departamento.
Se han perdido cerca de 800 millones de pesos en frutas y verduras, y se proyectan nuevas pérdidas por cientos de millones más en productos perecederos. A esto se suma un impacto directo en los precios de los alimentos, que ya están sintiendo los ciudadanos. La movilidad también está prácticamente paralizada. El transporte intermunicipal ha reducido su operación en un 90 por ciento, afectando a más de 100.000 pasajeros diarios. Estos datos compartidos en un comunicado de la Alianza por Santander.
Adicional, esta no es una situación que afecte solo a Bucaramanga; nos afecta a todos. A quienes tienen citas médicas y deben viajar, a quienes tienen compromisos laborales, a quienes comercian entre la capital de Santander y sus regiones. El departamento entero se está deteniendo.
Ahora bien, una cosa es reconocer el problema; otra muy distinta es permitir que sus efectos escalen hasta afectar a millones de personas que nada tienen que ver con el origen de la discusión.
Santander lleva años trabajando por posicionarse como un territorio atractivo para el turismo, la inversión y los grandes eventos. Hoy, todo esto juega en contra: los turistas dejan de venir, los inversionistas frenan sus decisiones, los eventos se cancelan, la economía se desacelera y la confianza se debilita.
No se trata de deslegitimar la protesta. Se trata de entender que las vías de hecho prolongadas terminan afectándonos a todos. Es fundamental que quienes hoy están en las vías dimensionen el impacto que se está generando sobre miles de familias, trabajadores y empresarios, y logren avanzar hacia acuerdos con las autoridades y los responsables de esta situación. De igual forma, es indispensable que las autoridades actúen con rapidez, con decisión y con capacidad real de resolver.
Santander no puede darse el lujo de detenerse. Cuando una región se paraliza, no hay ningún ganador. Perdemos todos.
