Mientras desde la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga anunciaban que retiraban los separadores de la cicloinfraestructura habilitada en la carrera 35 entre calles 34 y 52, el director de Tránsito señalaba que apenas adelantaban los estudios de reingeniería del trazado para evaluar su funcionamiento y definir ajustes para mejorar la movilidad.
El funcionario fue más allá. Mientras se conoce el resultado de los estudios, dijo, le pedirán a los conductores que no utilicen el espacio donde fueron retirados esos elementos como zona de estacionamiento. A los pocos días, el titular de la noticia no podía ser otro: “Ciclorrutas levantadas en Bucaramanga: los carriles liberados terminaron como parqueaderos”.
En cualquier parte del mundo primero se hacen los estudios; las decisiones se toman después. En Bucaramanga no. Sin estudios, a la topa tolondra, decidieron quitar los elementos que delimitaban la ciclorruta.
Es como si no aprendieran.
En septiembre de 2022, la juez Trece Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en el marco de una acción popular, amparó el derecho de todos los habitantes de la ciudad a que las obras públicas se ejecuten respetando la ley, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida. La cicloinfraestructura, concluyó, satisface fines constitucionalmente legítimos, pero el proyecto, a pesar de que se planeó y socializó ampliamente, infringe algunas disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La juez le ordenó al municipio hacer lo que debió hacerse desde el principio: armonizar la obra ajustándola al POT, gestionando su revisión extraordinaria o adoptando los planes maestros de movilidad. Contrario a lo que muchos creen, no ordenó desmontar lo construido.
A pesar de la advertencia, la improvisación, la falta de planeación y el desorden siguen siendo la constante. En abril de 2023, unos “ciudadanos preocupados”, respaldados por un concejal y aupados por el alcalde de la época, se tomaron la ley por su cuenta. Subrepticiamente levantaron el tramo de la ciclorruta construido en la calle 55 entre carreras 17 y 21. Adujeron que estaban cumpliendo aquel fallo judicial. A comienzos de julio de este año, la administración municipal hizo lo mismo sin un estudio técnico que la respaldara. De ayer a hoy, la diferencia no es mucha.
Y, a todas estas, ¿qué estará pensando la juez que profirió la sentencia? Les ordenó hacer las cosas bien, enderezar lo que comenzó mal y nada. Una sanción ejemplar y ejemplarizante no vendría mal para que los funcionarios del municipio dejen de improvisar; para que aprendan a hacer lo que se tiene que hacer, como se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer; para que dejen a un lado la malsana costumbre de manosear a los jueces y sus decisiones.
