“Agua sí, oro no”, es una consigna que hemos escuchado repetidas veces respecto a la provincia de Soto Norte. Sin embargo, lo que ha sucedido en más de una década es todo lo contrario: “agua no, oro sí”. “Agua no”, pues los niveles de contaminación en el río Suratá muestran una tendencia creciente, alcanzando máximos históricos de mercurio, sin contar otro tipo de sustancias, como pesticidas, fertilizantes y aguas negras. Y “oro sí”, dado que la extracción ilegal se convirtió en paisaje. Tal como lo evidenció Vanguardia, se han encontrado más de 200 socavones ilegales, un negocio que genera 26.000 millones de pesos mensuales, según la UIAF.
“Se le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Nos quieren desplazar”, señala Ivonne González, presidenta de Asomineros. Adicionalmente al daño ambiental, la pérdida de biodiversidad y el incremento de la inseguridad, se ha generado un deterioro del tejido social: prostitución, riñas, narcotráfico, dinero fácil, transporte de explosivos, deserción escolar y violencia intrafamiliar son problemáticas que se evidencian en la zona. Paradójicamente, mientras tanto, los pequeños mineros que quieren ser formales y la minería legal son estigmatizados, una actividad tradicional que se remonta a hace más de 400 años. No en vano municipios como Vetas y California, o barrios como Real de Minas, llevan esos nombres.
Esta situación responde a una decisión política que consiste en restringir la minería formal. No ha habido voluntad para cumplir con la normatividad y la jurisprudencia en materia de delimitación del páramo de Santurbán. Algunos consideran que el páramo va hasta Bucaramanga y áreas que superan los 30 grados centígrados. Otros dicen que el páramo debe ir hasta las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, como si la existencia de una infraestructura fuera el criterio para determinar las condiciones de un ecosistema. Entretanto, el Ministerio de Ambiente expide resoluciones estableciendo zonas de reserva temporal y, cuando se anima a realizar el proceso de delimitación, lo hace de manera improvisada, sin método y marginando a las comunidades del páramo, incumpliendo el Acuerdo de Escazú.
El cuidado del medio ambiente requiere rigurosidad, ciencia y método, más que discursos y arengas. El dogma por combatir la minería formal, desconociendo las raíces, fortalezas y cultura del territorio, ha generado incertidumbre y desorden en el uso del suelo, afectando al resto de las actividades económicas y dándole paso a la ilegalidad. Los habitantes de la provincia de Soto Norte tienen la fortuna de contar con dos apetecidos recursos naturales: agua y oro, y son conscientes de su adecuada protección y producción. Ojalá el próximo gobierno nacional permita una óptima gestión de estos recursos y le devuelva a esta provincia la dignidad y la autodeterminación de su propio desarrollo.
