Hace algunas semanas tratamos de asimilar la noticia del aumento del 25 % en la tarifa de acueducto y similar en alcantarillado. Aunque en marzo pasado las autoridades nacionales anunciaban una eventual reducción al aplicar el nuevo marco tarifario expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo cierto es que los cambios en las fórmulas no están ayudando a los bumangueses en ese propósito. Las razones técnicas son muchas: algunos costos que se venían actualizando al IPC, pero crecían en porcentajes mayores, ahora se cobrarán al precio actualizado; los terrenos que antes se reconocían con una renta ahora se incluyen como inversiones; las obras que se recuperarían según un plan proyectado ahora se cobrarán al valor ejecutado.
Además, al aplicar esta nueva metodología hay una supuesta necesidad de “castigar” con menor tarifa la baja ejecución del plan de obras y entonces la alta ejecución acaba castigando a los usuarios con tarifas mayores. Ahí hay un error conceptual sin explicación.
La pregunta de un ciudadano cualquiera es ¿qué voy a obtener al pagar más? Y la respuesta sincera: no mucho, mejor dicho, casi nada diferente a lo que hoy tiene. Un servicio continuo y de calidad. Por eso es difícil explicarles a casi 300 mil usuarios las razones que justifican este pago adicional a unas empresas que venían operando y reportando utilidades.
Ese ciudadano busca un “culpable” y también es difícil señalarlo. La CRA generó la metodología con criterios que estamos cuestionando, pero las autoridades tarifarias, que son las Juntas Directivas de las empresas y los mayores accionistas (municipio y CDMB), debieron evaluar con detalle su aplicación y certificar ante los usuarios que solo se incorporaron costos eficientes y que las inversiones ejecutadas y el valor de cada uno de los activos en la base de cálculo es correcto, particularmente que no se incluyeron sobrecostos o activos que ya fueron remunerados en su totalidad y tampoco activos ociosos. Hasta hoy hemos notado la ausencia del alcalde para asumir una posición ante la comunidad y en el Concejo el debate dejó más preguntas que acciones o propuestas concretas.
Buscando soluciones, insisto en la integración empresarial de la Triple A, que seguramente reduciría costos administrativos y operativos, consolidando una empresa financieramente más sólida para apalancar las grandes inversiones y el servicio a zonas de expansión.
El problema no encuentra aún explicación y menos solución, por lo que autoridades, gremios, expertos y líderes sociales unidos debemos insistir en otras alternativas y revisar los estudios que soportan el nuevo marco tarifario. Estoy segura de que hay argumentos para suspender la aplicación de la nueva resolución, evaluar juiciosamente los impactos y evitar una situación irreversible y definitivamente difícil de explicar.
