Cada vez es más frecuente conocer la captura de un adolescente que llevaba un arma, transportaba droga, cobraba una extorsión, vigilaba una esquina o participaba en un hurto. La noticia suele provocar indignación por la edad de quien cometió el delito y reclamos para que los menores reciban sanciones más severas. Pero pocas veces nos preguntamos si alguien se aprovechó de ese adolescente para delinquir.
La Ley 2590 de 2026 endureció las penas para quienes utilicen menores de edad para delinquir, con sanciones de 18 a 30 años de prisión. La finalidad es combatir su instrumentalización para cometer delitos y protegerlos frente a quienes se aprovechan de su edad o vulnerabilidad.
Pero aumentar las penas no basta. El crimen sabe dónde buscar y aprovecha la vulnerabilidad de adolescentes que encuentran en el dinero, la protección o el reconocimiento un atractivo para entrar en ese mundo. No siempre hay amenazas. Muchas veces, el acercamiento comienza de manera casi imperceptible.
Cuando un menor participa en un delito, la investigación no debería detenerse en lo que hizo, sino avanzar hasta quien lo reclutó, lo dirigió y obtuvo provecho de su actuación. Si el Estado solo alcanza al eslabón más débil, la estructura criminal permanecerá intacta y pronto encontrará otro adolescente para reemplazarlo.
La reciente Ley 2590 abre una oportunidad para enfrentar el problema más allá del castigo. Su alcance dependerá también de la prevención: mantener a los jóvenes en el colegio, fortalecer el deporte y la cultura, acompañar a las familias y ofrecer oportunidades en los barrios donde el crimen busca reclutarlos. Porque protegerlos también significa llegar antes que quienes pretenden utilizarlos.
Hace falta mirar alrededor. Los padres no pueden dar por sentado que sus hijos están donde dicen, que conocen a sus amigos o que nada ocurre porque en casa todo parece normal. Muchas veces, la familia es la última en advertir que algo cambió. Hubo una época en que los vecinos estaban pendientes de los jóvenes del barrio. Si veían a alguno en malas compañías, avisaban a sus padres y la advertencia se agradecía. Hoy puede tomarse como una intromisión. Hemos perdido parte de ese cuidado entre vecinos o amigos y vale la pena recuperarlo. Es triste descubrir que algunos sabían que un adolescente andaba en malos pasos, pero nadie se atrevió a alertar a su familia.
El éxito de la Ley 2590 no se verá solo en las condenas, sino en su capacidad para impedir que más menores terminen al servicio del crimen. Detrás de un adolescente involucrado en un delito puede haber señales ignoradas, silencios y adultos que aprovecharon su vulnerabilidad. El reto es evitar que otros jóvenes terminen recorriendo ese mismo camino hacia el delito.
