La tragedia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, puso a prueba la capacidad de respuesta y coordinación del Estado, y sobre todo, su compromiso con los ciudadanos afectados cuando más necesitan de sus instituciones.
Además del desafío humanitario que implica la atención de los damnificados, ahora se suma el gran reto que asume la administración pública concerniente al manejo de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas.
Para estas situaciones la ley permite flexibilizar los procedimientos de contratación, con el fin de atender la emergencia de manera oportuna y eficiente, sin que esto permita obviar el principio de transparencia y de rendición de cuentas. Por el contrario, es ahora cuando debe existir un exhaustivo control político y ciudadano a la inversión de recursos, para que estos lleguen efectivamente a los sectores y a la población que más los requieren.
La experiencia demuestra que las emergencias pueden convertirse en escenarios vulnerables al uso indebido de los recursos públicos. La urgencia justifica decisiones rápidas, pero no decisiones sin trazabilidad y transparencia.
En este contexto, es fundamental que el Gobierno Nacional adopte mecanismos de información pública que permitan concentrar, consultar y hacer seguimiento a los planes, responsables, valores, contratos, obras y resultados de manera accesible, completa y actualizada. Esta información permitiría disminuir los riesgos de clientelismo, favoritismo y captura política de los recursos destinados a las múltiples necesidades que hoy enfrentan los territorios afectados por el terremoto.
La dimensión económica de esta emergencia es enorme y cuanto mayor sea la urgencia y los recursos movilizados, mayor debe ser la publicidad, la trazabilidad y la rendición de cuentas. El presidente De La Espriella estima que la reconstrucción requerirá cerca de $30 billones, de los cuales $24,5 billones corresponderían a edificaciones y $5,5 billones a infraestructura.
Así mismo, el presidente ha declarado que habrá “total transparencia” en la administración de los recursos públicos y privados destinados a la atención de la emergencia y a la subsiguiente fase de reconstrucción, de modo que cada peso deberá producir resultados verificables, incluyendo los más de $2 billones provenientes del sector privado destinados a familias damnificadas y a recuperar infraestructura estratégica.
Sin embargo, hasta la fecha la plataforma destinada para tal fin, denominada “Fondo Milagro” no permite ejercer el control social detallado sobre la gestión realizada ni de la planificación de las próximas obras.
Por tanto, corresponde al nuevo gobierno, convertir las promesas en hechos, garantizando un sistema público de trazabilidad que permita a cualquier ciudadano ejercer el derecho y el deber de efectuar control social sobre el proceso de atención y reconstrucción de los daños causados por el terremoto, reconstruyendo también, la confianza en la institucionalidad.
