El nombramiento del profesor Diego Torres como representante del presidente Abelardo de la Espriella en el Consejo Superior de la Universidad Nacional es mucho más que una designación. Es una señal clara de la voluntad del nuevo gobierno de empezar a corregir lo que durante años se ha permitido en la universidad pública en Colombia. Y pocas personas han enfrentado esa realidad con tanta firmeza.
Durante el gobierno Petro, Torres se convirtió en una de las voces más incómodas dentro de la institución. Denunció su politización y se enfrentó a la llamada Constituyente Universitaria, advirtiendo que detrás había un propósito que trascendía las discusiones internas de la universidad: instrumentalizar la Nacional y ponerla al servicio del proyecto político del Pacto Histórico, en ese momento representado por la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Cerca de 500 profesores rechazaron ese proceso.
Torres también expuso algo todavía más grave. Advirtió sobre la presencia de encapuchados, tomas violentas, explosivos y personas ajenas a la comunidad universitaria que se apoderaban de espacios del campus, además de grafitis con mensajes de las FARC. Ante semejante situación, llegó a advertir: “Estamos cansados de vivir con miedo”.
Denunciar lo que estaba ocurriendo tuvo consecuencias. Su nombre comenzó a aparecer en las paredes de la universidad acompañado de mensajes intimidatorios: “Fuera Torres”, “facho traidor” y hasta “muerte al facho”. Las amenazas llegaron a tal nivel que la UNP determinó que enfrentaba un riesgo extraordinario.Su historia retrata una distorsión que Colombia tiene que corregir.
Los bandidos llevan años tergiversando la narrativa de los derechos humanos y utilizándola a su favor. Convirtieron palabras como protesta, libertad de expresión y autonomía universitaria en escudos detrás de los cuales pretenden justificar actos violentos que nada tienen que ver con esos derechos.
Así llegamos a una distorsión perversa: quienes amenazan, destruyen, se encapuchan o lanzan explosivos terminan amparándose en las mismas garantías que ellos mismos vulneran. Y, en la práctica, sus garantías terminan por encima de los derechos de sus víctimas.
¿Dónde quedan los derechos del profesor amenazado por pensar distinto, los del estudiante que quiere estudiar y salir adelante pero no sabe si ese día podrá entrar a clase por culpa de los violentos, o los del vigilante y el trabajador que ven su vida en riesgo y no saben si al final del día podrán regresar a sus casas? ¿Dónde quedan, en definitiva, los derechos humanos de las víctimas?
Eso es precisamente lo que ha sucedido con la autonomía universitaria. Una conquista creada para garantizar independencia académica, libertad de pensamiento y capacidad de autogobierno terminó siendo aprovechada por los violentos para convertir los campus en espacios donde, en la práctica, la autoridad del Estado no puede actuar.los bandidos entendieron perfectamente cómo aprovechar ese vacío.Se encapuchan, ingresan explosivos, intimidan y se apoderan de espacios universitarios, mientras saben que cualquier actuación de la Fuerza Pública inmediatamente será presentada como una violación de dicha autonomía. No puede seguir siendo así.La autonomía no significa impunidad. Mucho menos puede convertirse en una puerta abierta para que organizaciones criminales se infiltren en las universidades, instrumentalicen a sus estudiantes o recluten jóvenes.Ante un peligro inminente, la Policía no puede permanecer mirando desde afuera a la espera de una autorización de las directivas de la institución. La protección de la vida y de los derechos fundamentales no puede depender de una valoración subjetiva. Frente a una amenaza real, la Fuerza Pública debe poder evaluar el riesgo y actuar.
Nada de esto significa perseguir la protesta ni silenciar el pensamiento crítico. Al contrario: se trata de garantizar que puedan ejercerse sin miedo y sin violencia.
No existe verdadera libertad académica cuando un profesor es amenazado. No existe libertad de expresión cuando pensar diferente pone a alguien en riesgo. Y no existe autonomía cuando son los violentos quienes terminan imponiendo las reglas.
Por eso el nombramiento de Diego Torres importa tanto. El presidente está mostrando la voluntad de comenzar a corregir esta realidad y devolverle a la autonomía universitaria su verdadero sentido: garantizar la independencia y la libertad de la universidad, no la libertad de acción de los bandidos.
Ese propósito no puede limitarse a la Universidad Nacional. Tiene que extenderse a todas las universidades públicas del país.
Hay que devolverles las universidades a quienes realmente les pertenecen: estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores.
La autonomía universitaria protege la libertad. Nunca la delincuencia.
