Como es de público conocimiento, tanto a nivel nacional como regional, ejecutar un proyecto de infraestructura –público o privado– es un calvario. Y no es casualidad. En mi criterio, lograr el licenciamiento ambiental, en algunas oportunidades, se convirtió en un arma político-corrupta que se ejerce a través de una cadena de trámites –dilaciones– y más trámites que, con apariencia de sofisticados estudios técnicos, en el fondo no son más que veladas presiones políticas o el reflejo de conflictos personales o simples requerimientos económicos, por debajo de la mesa, generando graves e irreparables daños a la comunidad.
En Colombia, la ANLA (Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental) se encarga de proyectos que por su magnitud son de competencia nacional. Por ejemplo: proyectos hidroeléctricos, explotaciones mineras, infraestructura vial nacional, líneas de transmisión de energía eléctrica. Y cuando se trata de proyectos de competencia regional, como concesiones de agua, vertimientos, control de cauces, etc., y vías regionales, como el proyecto AVEM (Anillo Vial Externo Metropolitano), deciden las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como la CDMB o la CAS, dependiendo del municipio donde se ubique el proyecto.
En Colombia encontramos proyectos que cuentan con cierre financiero, claves para el desarrollo del país, bloqueados por licenciamiento ambiental o por las consultas previas con las comunidades. Entre los proyectos viales nombrados y bloqueados aparecen la Ampliación de la Autopista Norte, entrada a Bogotá (conflicto Galán-Petro, recientemente solucionado), y la Troncal Andes-Bogotá-Chía. Y otros proyectos, hoy más urgentes que nunca por el fenómeno del Niño, como son los proyectos de transmisión eléctrica y los eólicos de La Guajira, donde en plena negociación algunos representantes de esas comunidades extorsionan a los gestores de los proyectos.
Este contexto para manifestar mi preocupación por la ejecución del proyecto Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM), vía de 30 kilómetros, ya diseñada en doble calzada, para conectar a Girón con Piedecuesta y sacar el tráfico nacional de los cascos urbanos de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida y Girón. Este proyecto fue contratado irresponsablemente por la administración de Mauricio Aguilar, sin diseños, sin predios, sin financiación real, con una interventoría cedida sin ninguna justificación y sin licenciamiento ambiental, creyendo que un proyecto se vuelve realidad con solo adjudicar el contrato.
Van tres años gestionando el licenciamiento ambiental ante la CDMB y los conflictos entre el Gobernador y el director de la CDMB, que son públicos, se están usando como arma política. Esta administración ha avanzado, con el apoyo de la UIS, con los estudios de prefactibilidad y de factibilidad de la valorización, como única opción de lograr el cierre financiero del proyecto. Destrabada la licencia, está en manos del Gobernador convertir el AVEM en una obra real y materializar uno de los más importantes sueños de Santander.
Gobernador… QUEDAMOS EXPECTANTES.
