Gustavo Petro dejó la Presidencia, pero parece no haber entendido una regla básica de la democracia: cuando termina un gobierno, hay que dejar gobernar a quien ganó las elecciones.
Esta semana, junto con Iván Cepeda, presentó el llamado “Gabinete por la Vida”, una especie de gabinete alternativo conformado, por antiguos funcionarios de su Gobierno para hacer seguimiento al nuevo Gobierno, controvertir sus decisiones y presentar propuestas.
¿Para qué necesita Colombia un gabinete paralelo? Sus promotores hablan del “shadow cabinet” británico, pero hay una diferencia importante: Colombia no es el Reino Unido. Allá existe un sistema parlamentario donde esta figura tiene tradición y cumple una función dentro de su dinámica política. Aquí tenemos un régimen presidencial, un Presidente elegido por los ciudadanos, un Congreso y unas reglas claras para ejercer oposición.
No necesitamos importar figuras de otros sistemas simplemente porque suenen llamativas.
En Colombia la oposición no está desamparada. Desde 2018 existe un Estatuto de la Oposición que reconoce derechos, acceso a la información, derecho de réplica y hasta financiación adicional para los partidos que se declaran en oposición.
Petro y el Pacto Histórico tienen todas las herramientas para hacer oposición. Pueden cuestionar al Gobierno, denunciar lo que consideren incorrecto, presentar propuestas y hacer seguimiento. Para esto no se necesita un gabinete alterno.
¿Quién va a pagar todo esto? El Estatuto de la Oposición contempla recursos públicos adicionales para los partidos que ejercen oposición. Pero una cosa es financiar el ejercicio de ese derecho y otra muy distinta sería utilizar dinero de los colombianos para sostener una estructura que no existe en nuestra Constitución ni en la ley.
Por eso deberían explicar desde el principio cuánto costará este gabinete, si sus integrantes recibirán algún pago, quién financiará asesores, reuniones, viajes u oficinas y, especialmente, si habrá recursos públicos involucrados.
Si todos van a trabajar gratis, perfecto, que lo digan. Si se financiará con recursos privados lícitos, también. Pero si va a salir un solo peso del bolsillo de los Colombianos, tenemos derecho a saber cuánto, para qué y bajo qué norma.
Resulta llamativo, que varios de quienes ahora tendrán la tarea de decirnos cómo debería gobernarse Colombia ya tuvieron cuatro años para demostrarlo desde ministerios y entidades públicas, con resultados poco alentadores. Antes de constituirse en gabinete vigilante deberían hacer una rendición de cuentas sobre los resultados que dejaron cuando tuvieron el poder.
Colombia necesita una oposición seria. No necesita dos gobiernos, ni una campaña electoral permanente durante los próximos cuatro años.
Si este experimento llamado “Gabinete por la Vida” va a utilizar recursos públicos, antes de cualquier otra explicación debería responder una pregunta muy sencilla: ¿cuánto nos va a costar el Gobierno que no gobierna?
