En Colombia ha hecho carrera una idea absurda y peligrosa: que el derecho a la protesta permite pasar por encima de los derechos de los demás.
Eso es inadmisible.
Protestar es un derecho fundamental y debe ser protegido. Pero dado que vivimos en una democracia, ningún derecho es absoluto. La libertad de unos no puede convertirse en la vulneración de los derechos de los demás.
Durante años hemos aceptado como si fuera normal que una protesta termine bloqueando una carretera, paralizando una ciudad, impidiendo que alguien llegue a su trabajo, que un enfermo llegue a un hospital o que una empresa pueda operar. Y cuando alguien se atreve a cuestionarlo, aparece inmediatamente la acusación de que se pretende “criminalizar la protesta”.
¿Cuándo nos dejamos llevar a ese punto?
El problema no es la protesta en sí misma: es su utilización como excusa para delinquir y la afectación que causa a la ciudadanía.
Los datos son contundentes: durante el Gobierno Petro -complaciente con los terroristas- hubo más de 2.600 bloqueos en carreteras nacionales (sin contar los de las ciudades), cientos de vehículos incinerados, decenas de conductores asesinados, pacientes fallecidos (por no tener acceso a urgencias médicas) y decenas de billones de pesos en pérdidas.
¿Cómo alguien podría atreverse a sostener que semejante afectación es simplemente el ejercicio legítimo de un derecho?
Afortunadamente, el Consejo de Estado acaba de emitir un fallo que ratifica lo obvio: que la protesta tiene protección constitucional mientras sea pública y pacífica, pero que esa protección desaparece cuando se convierte en bloqueo coactivo, agresión, invasión de propiedad o daño a terceros. Y que quienes ocasionen perjuicios económicos demostrables tendrán que responder por ellos.
Ya era hora de que alguien recordara que detrás de cada bloqueo hay personas de carne y hueso: trabajadores, transportadores, empresarios, campesinos, pacientes y estudiantes. Colombianos que también tienen derechos.
Por eso también celebro que se esté promoviendo en el Congreso el Proyecto de Ley ‘Anticapuchos’. No porque una capucha sea por sí misma un delito, sino porque resulta elemental que quien oculta su identidad para cometer actos violentos no puede pretender utilizar la protesta como refugio de impunidad. El proyecto propone penas de cuatro y medio a ocho años (lo cual implicaría que no es excarcelable) para quienes oculten su identidad con ese propósito y también busca endurecer las sanciones por bloqueos.
La democracia no consiste en que el más beligerante, el más violento o el que más destruye imponga su voluntad, sino en que todos podamos ejercer nuestros derechos sin que unos tengan que arrodillarse y someterse a los abusos de otros.
¿Derecho a la protesta? Sí. Pero bloquear, destruir, agredir y delinquir, no. Eso es un abuso.
Se les acabó la ‘guachafita’ a los vándalos.
