A propósito de las protestas convocadas para el miércoles pasado, considero que una democracia no se debe medir por la cantidad de gente que sale a la calle, sino por la capacidad de una sociedad de convivir con quienes piensan distinto. Y esa convivencia exige una regla elemental, aunque algunos parezcan haberla olvidado: nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás.
El artículo 37 de nuestra Constitución garantiza el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sin embargo, no consagra ningún derecho a vandalizar bienes públicos, bloquear vías, paralizar el transporte o convertir al ciudadano que trabaja en rehén de una causa política. Protestar es un derecho; atropellar, no.
Aunque con mucha menor afectación que en el pasado reciente, las marchas de esta semana dejaron episodios que ningún demócrata debería minimizar. En Bogotá, el vandalismo afectó buses, estaciones y estaciones de Transmilenio, perjudicando a miles de ciudadanos. En Ibagué, algunos manifestantes portaron armas cortopunzantes y se registraron amenazas contra policías, daños a bienes públicos y enfrentamientos que terminaron con cuatro personas detenidas. En Bucaramanga, vandalizaron fachadas de edificios. La Fuerza Pública tuvo que intervenir.
Amenazar a un policía con un cuchillo no es resistencia civil; es una conducta criminal. Destruir bienes públicos tampoco es una expresión democrática. Y convertir una movilización en escenario de intimidación no fortalece ninguna causa: la deslegitima.
Por eso celebro la decisión del Gobierno de expedir el Decreto 1525. ¡Ya era hora de que alguien entendiera que proteger la protesta no significa arrodillar al Estado ante la violencia! La norma permite intervenir frente a hechos violentos sin tener que esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes (que suele “nunca” concluir), como venía sucediendo. Es un paso para impedir que unos pocos impongan, mediante el vandalismo y la intimidación, su voluntad sobre millones de ciudadanos.
Porque detrás de ciertas convocatorias, además de reivindicaciones legítimas, puede haber intereses políticos empeñados en convertir la calle en instrumento de presión, fabricar una sensación de ingobernabilidad y presentar cualquier actuación policial como una agresión contra la democracia.
El diálogo debe ser la primera herramienta, pero no puede convertirse en una camisa de fuerza que paralice a la autoridad mientras se destruyen bienes o se pone en riesgo la vida de terceros. El decreto busca precisamente romper esa absurda ecuación. Su lógica: tolerancia con la protesta pacífica, firmeza frente a la violencia.
Una democracia seria protege tanto al que marcha como al que trabaja y al que reclama como al que necesita llegar a un hospital.
La calle pertenece a los ciudadanos, no a quienes pretenden secuestrarla.
