Las imágenes del presidente encarando a capturados en los megaoperativos de Bogotá, Medellín y Barranquilla me parecen un error. Oí al abogado Trespalacios diciendo algo con lo que concuerdo plenamente y es que ninguna autoridad, y mucho menos el presidente, puede realizar tratos degradantes contra ninguna persona, por más bandido que sea. Convertirlo en parte de un mensaje político, esposado y rodeado de uniformados, no corresponde a un Estado de derecho.
No obstante, en redes se repite una conclusión que es necesario matizar y es que esos videos van a tumbar las capturas. Una cosa es que algo sea reprochable y otra muy distinta que sea una causal de ilegalidad.
Tratemos de hacerlo ver sencillo. En un tiempo específico, el detenido debe estar ante un juez de control de garantías, que revisa si esa captura fue legal. Ese juez no evalúa si alguien se comportó con elegancia o si le dijeron “bandido” o “hampón”. Evalúa cosas concretas como, por ejemplo, si había una orden judicial vigente o una verdadera situación de flagrancia; si al capturado le informaron de inmediato por qué lo detienen, que puede guardar silencio, que tiene derecho a un abogado y a avisarle a alguien; si lo pusieron a disposición del juez a tiempo; y si la fuerza usada fue la necesaria y no un maltrato.
Esas son las puertas por donde una captura se cae. Un video en el que el presidente le habla al detenido no entra por ninguna de ellas. Es un acto distinto, con consecuencias propias.
Sé que hay colegas que sostienen lo opuesto, que esas actitudes provenientes del mismísimo presidente de la República pueden viciar la captura misma. Es un debate legítimo, pero nuestra lectura es otra: la legalidad de una captura se mide por lo que ocurrió al practicarla y si se cumplen los requisitos que la ley exige. Los excesos posteriores serán analizados por el juez.
Ahora bien, si le decimos a la gente que cada exhibición tumba una captura, le prometemos algo que los jueces probablemente no cumplirán, y mientras tanto la crítica de fondo, que es de dignidad y no de procedimiento, queda sin respuesta.
Que el Gobierno cambie de método porque es lo correcto y no porque un juez lo obligue. Igual, que los jueces sigan mirando cada captura, una por una, con la ley en la mano.
