La nueva ley pensional obligó a hacer una serie de trámites y ajustes de todo nivel, que si es aprobada serán válidos y efectivos, pero si no, se perderá todo el esfuerzo que han hecho todos los interesados, cuando una decisión oportuna los hubiera evitado.
No hay nada más injusto que una justicia lenta y la nuestra desafortunadamente lo es; lo sabemos los abogados que en el argot popular se dice que la vida útil de un abogado son dos procesos ordinarios, máxime ahora cuando a las tres instancias legales le han agregado dos más: la tutela y la Corte Penal Internacional.
Un ejemplo para demostrar lo anterior lo constituye la sentencia dictada contra Iván Márquez a quien se le condenó a 40 años de prisión por un delito cometido en el año 1997, es decir, hace 28 años y a esta decisión se le debe aplicar el recurso de apelación y luego el de casación, lo que en términos temporales puede decirse que faltan por lo menos 10 años más de viacrucis legal.
Este tema del ejemplo le interesa a él y a los familiares de la persona asesinada, pero es que existen casos en donde el interés es colectivo, es decir, que la determinación afecta a los 54 millones de colombianos cual es la decisión de constitucionalidad de la reciente ley de pensiones que fuera demandada ante la Corte Constitucional y cuya aplicación entrará a regir en 19 días y aun no hay decisión al respecto.
La nueva ley pensional obligó a hacer una serie de trámites y ajustes de todo nivel, que si es aprobada serán válidos y efectivos, pero si no, se perderá todo el esfuerzo que han hecho todos los interesados, cuando una decisión oportuna los hubiera evitado.
Independientemente del resultado, lo que se reclama de la Corte Constitucional es que defina el tema de una buena vez para precisar la ruta que debemos adoptar los colombianos.
Somos conscientes de la carga laboral excesiva en esa Corte, pero también lo somos de que sus magistrados deben entender que éste es un caso prioritario y que debe dársele un trámite preferencial por la naturaleza misma de sus contenidos.
Entendemos también que es una decisión importante y delicada; por eso mismo consideramos que debe habérsele dado un trato muy especial y según se sabe el borrador de la decisión está preparado desde hace casi un mes; por ello no entendemos por qué no se le ha dado el trámite correspondiente.
Sabemos la responsabilidad que implica la decisión; es claro que si llega a ser contraria a los deseos del gobierno se puede formar la debacle, pero comprendemos también que si se sigue con este criterio, cuando se sepa se va a molestar el pueblo que está suficientemente adoctrinado desde la misma Presidencia de la República para que defienda lo que allí llaman sus derechos.
