Decía con sabiduría popular el gran Kid Pambelé que “es mejor ser rico que pobre”. Y tenía razón. Siempre será deseable tener mayores ingresos, ganar mejor y vivir con mayor tranquilidad. Nadie en su sano juicio podría oponerse a que los trabajadores mejoren su salario. El problema no está en el deseo. El problema aparece cuando ese mayor ingreso no está respaldado por una mayor generación de valor y termina convirtiéndose en un mayor costo que alguien, inevitablemente, debe pagar.
Cuando el salario mínimo aumenta muy por encima de la productividad, ese mayor costo no desaparece por arte de magia. Una parte pueden asumirla las empresas, hasta donde su eficiencia y su margen lo permiten. Esa es la parte sana del ajuste, la que corresponde a mejoras reales en productividad. Pero la otra parte la termina asumiendo el mercado. Es decir, los consumidores, a través de precios más altos. Y ahí comienza la cadena.
El aumento de precios alimenta la inflación. La inflación presiona al alza las tasas de interés. Las tasas de interés más altas encarecen el crédito, la inversión y el capital de trabajo. Y ese mayor costo financiero vuelve a impactar los costos de producción, que nuevamente se trasladan a los precios. Así, un aumento exagerado e injustificado del salario mínimo se convierte en una bola de nieve que termina afectándonos a todos, incluidos aquellos que, en teoría, se buscaba proteger.
Para tratar de sobrevivir en ese entorno, las empresas toman decisiones defensivas. Se frenan nuevas contrataciones, se aplazan inversiones y, en los casos más críticos, se destruyen puestos de trabajo. El resultado es conocido. Menos empleo formal y más informalidad. Y ese es, quizá, el mayor pecado de este tipo de decisiones.
Colombia ya tiene uno de sus principales problemas estructurales en la informalidad. Son precisamente los informales quienes más sufren este tipo de medidas. Ellos deben pagar alimentos más caros, transporte más costoso, arriendos más altos y servicios más onerosos, sin que nadie les reconozca un mayor salario. Para ellos no hay ajuste, no hay compensación y no hay red de protección. Así, una decisión presentada como social termina golpeando con más fuerza a los más vulnerables.
Está claro que este aumento arbitrario y unilateral del salario mínimo responde más a un cálculo político que a un análisis técnico serio. Una medida populista que busca fortalecer una base electoral que no dimensiona las consecuencias. Queda la ilusión de que el Consejo de Estado tumbe esta decisión por su falta de rigor. Pero también queda una pregunta inquietante. ¿Qué será peor, el impacto económico de un aumento desmesurado o el discurso de la conspiración de los gremios y “los ricos” como combustible para una Asamblea Nacional Constituyente?
El mismo Gobierno Nacional había presupuestado que el aumento del salario mínimo sería del 7% y, con ese valor, ya era claro que estaba en déficit. Para resolver el problema, el matemático cuántico recurre a la Emergencia Económica, o a una Reforma Tributaria, o a la Emisión…Al final, más allá del discurso y de las intenciones, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién paga la cuenta?
