Cuando se habla de la industria extractiva, es decir, de la explotación de recursos no renovables como el petróleo, el gas y los minerales, en algunos sectores se percibe como una maldición. Por lo tanto, los países o regiones que son ricos en recursos naturales estarían condenados a la pobreza, la corrupción y los daños ambientales. Hay múltiples casos en donde esta paradoja es una realidad, por ejemplo, en Angola, Venezuela y Ghana. Sin embargo, la evidencia demuestra que en otros países la riqueza natural se ha convertido en una bendición, como sucede en Suecia, Noruega, Canadá y Australia.
Todo depende de la calidad de las instituciones. En ese sentido, el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) acaba de publicar los resultados del Índice de Gobernanza de los Recursos 2021 para Colombia. La última vez que se había hecho este análisis fue en 2017. Esta medición se basa en la respuesta a cerca de 200 preguntas por parte de expertos e investigadores independientes. El análisis abarca las dos caras de la misma moneda: la extracción del recurso (ej. asignación de títulos y otorgamiento de licencias) y la administración de los ingresos (ej. distribución y utilización de las regalías).
Contrario a lo que esperarían los amantes de la fracasomanía, Colombia mejoró su puntuación y pasó de un nivel “satisfactorio” a “bueno”. Hay avances en la transparencia y regulación en la asignación de títulos mineros y bloques de explotación petrolera, así como en los trámites ambientales. Gracias a las plataformas “Anna Minería” de la Agencia Nacional Minera, “Geovisor de Tierras” de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y “VITAL” del Ministerio de Medio Ambiente, se ha logrado automatizar y visibilizar información que antes estaba disponible solo para unos pocos. En materia de gestión de las regalías, Colombia cuenta con valiosas plataformas como SICODIS y GESPROY del Departamento Nacional de Planeación que permiten conocer la asignación para cada entidad territorial y el desempeño de los proyectos.
Sin embargo, persisten grandes desafíos. Por ejemplo, en la rehabilitación de pasivos ambientales (ej. pozos abandonados) e implementación integral de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Pero, más allá de la existencia de una norma o una página web, el mayor reto está en la participación ciudadana y en el uso pertinente y eficiente de las regalías. Colombia y Santander no pueden seguir equivocándose en esta materia.
