jueves 03 de octubre de 2019 - 12:00 AM

La ANLA, ¿se atreverá a licenciar para la explotación en Santurbán?

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Semanas atrás, mediante concepto técnico sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la CDMB negó los permisos solicitados por Minesa para su proyecto Soto Norte, que ésta espera le apruebe la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, concepto que la autoridad no debe pasar por alto.

Tres de los permisos negados tienen que ver con el recurso hídrico: concesión de aguas, vertimientos y ocupación de cauces; decisión acorde con la premisa e imperiosa necesidad de priorizar el agua para el consumo humano.

El concepto de la CDMB sobre el EIA de Minesa afirma que “presenta información que no permite identificar la conectividad hidrogeológica del páramo con la zona del proyecto en relación con la geología presente (...)”, acorde con los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que venimos recomendando para la nueva delimitación de Santurbán.

Los otros dos permisos negados por la CDMB a Minesa son el de emisiones atmosféricas y el de aprovechamiento forestal, por obvias razones explícitas en el documento.

La ANLA no puede ningunear el concepto técnico de la CDMB, así pretenda escudarse en que el concepto emitido por la autoridad ambiental no es vinculante dentro del trámite de licencia ambiental para la explotación minera, y aunque el Ministerio de Ambiente repita el engaño y expida nuevamente una delimitación de Santurbán político-minera en beneficio de una política minera errada y al servicio de las mineras para legalizarlas, al dejarlas por fuera de una línea de páramo amañada.

En La nueva delimitación de Santurbán: ¿un nuevo engaño?, en Razón Pública, (shorturl.at/egmnq) se ilustra la normatividad ambiental que hace inviable e indefendible cualquier proyecto de minería por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano, en Santurbán o en sus inmediaciones.

No se puede tapar el sol con las manos, ante la contundencia de los hechos. Las entidades del Estado colombiano, con sus decisiones, no pueden convertirse en verdugos del derecho al agua de nuestros hijos. Paradójicamente, el mayor riesgo para nuestra agua y páramos, hoy lo representan las decisiones del Estado.

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