Columna de opinión del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana
Parece mentira que en Colombia, un país con la mayor desigualdad en el mundo, con un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana , en el trabajo y la solidaridad y en la prevalencia del interés general, que tiene además, como fin servir a la comunidad y promover la prosperidad general, principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, tenga que, el gobierno nacional elegido democráticamente, afrontar una oposición radical, sin argumentos, confluyente en un sector de la clase política con una práctica permanente de manejo de sus intereses en la administración del Estado y que hoy ve coartada la posibilidad de continuar con sus prácticas corruptas. El saqueo de los recursos de la salud denunciados por la Contraloría General y el robo de los dineros de la Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, donde aparecen comprometidos nueve parlamentarios, es una muestra de la mano mafiosa y sin escrúpulos que carcome los recursos fundamentales para romper con la desigualdad y la miseria de millones de compatriotas.
La oposición radical al gobierno de Gustavo Petro se caracteriza, no por el ejercicio de una posición ideológica fundamentada en principios sólidos, sino en la evasión de cualquier argumento de debate. Negar cualquier posibilidad de cambio, es la estrategia que hoy promueve la ultraderecha que se manifiesta no solo en el Congreso, sino en los medios de comunicación que representan el poder económico y como si fuera poco, según las denuncias del congresista Alirio Uribe Muñoz, son once las sentencias del Consejo de Estado y treinta y cuatro de la Corte Constitucional que, de una u otra manera afectan decisiones de éste gobierno; se elimina lo público para favorecer al sector privado, entre ellos la minería y las EPS. Se afecta gravemente el recaudo, y los programas que buscan sacar a millones de compatriotas de la pobreza y la miseria. Según el parlamentario Uribe Muñoz, los fallos no son casuales y hay cambio jurisprudencial frente a éste gobierno. Toda parece que la intención de los mismos es no dejar gobernar.
Las reformas sociales, que el presidente Petro propuso como candidato, llegan a las instancias operativas del Estado con dificultades para desarrollarse, en medio de un escenario de obstrucciones que se intensifican. Más allá del escenario de incertidumbre y falta de celeridad, el gobierno se plantea la necesidad de un Acuerdo Nacional para abrir la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente como alternativa para dar viabilidad y velocidad a los programas sociales, el eje central de la administración pública en desarrollo.
